El Gobierno se plantea aplicar de forma gradual la financiación autonómica

El Gobierno está pensando en aplicar de forma gradual el sistema de financiación autonómica pactado entre el PP y CiU con el aplazamiento hasta dos o tres años de la capacidad normativa sobre el IRPF. El propio José María Aznar no ha descartado esta posibilidad en el curso de la ronda que desde hace un mes mantiene con los presidentes autonómicos y cuya estrella es el nuevo sistema de financiación, que entrará en vigor en enero.

El presidente del Gobierno está escuchando numerosas opiniones y aún no se ha definido. Está a la espera del cuadro numérico del nuevo sistema, que presenta numerosos obstáculos. "Hay demasiadas variables para pocas ecuaciones", advierte un técnico. Lo único que parece asegurar el nuevo sistema de financiación, por los datos que conocen los técnicos, es que no va a haber saldos a favor del Estado.El Gobierno del PP mantiene algunas dudas en la aplicación del sistema de financiación autonómica en el terreno político y en el técnico. En el político, Aznar pretende conseguir el máximo consenso entre las 15 comunidades de régimen común. Es el principal objetivo de la ronda que ha abierto con los presidentes autonómicos. Su principal oposición le viene por el flanco socialista, pero no es un frente unido.

Dos de las tres comunidades de régimen común gobernadas por el PSOE -Andalucía y Castilla-La Mancha- están a favor de la corresponsabilidad fiscal y abiertas, por tanto, a la negociacíón con el Gobierno del PP siempre que el nuevo sistema de financiación no perjudique los intereses de sus regiones.

Receptividad de Aznar

Los argumentos de la Junta de Andalucía, presidida por el socialista Manuel Chaves -oposición a la entrada en vigor de la capacidad normativa del IRPF y a una liberación de topes-, tienen algún calado en algunas comunidades de las llamadas pobres y gobernadas por el PP. De la corresponsabilidad en su estado más puro se benefician básicamente las comunidades ricas, como Cataluña y Madrid. Por eso Aznar, aunque no se definió, fue receptivo el pasado lunes a las demandas de Chaves en su encuentro en La Moncloa.Las comunidades de Cantabria y La Rioja, gobernadas por el PP, defienden, por ejemplo, la cesión del impuesto de sociedades, que resulta muy rentable para las autonomías menos ricas.

Sólo el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura, que hoy se entrevista con Aznar en La Moncloa, se opone por principio a la corresponsabilidad fiscal que propone el pacto entre el PP y CIU. Pero la oposición extremeña apenas tiene significado político para el Gobierno del PP porque Rodríguez Ibarra ya se opuso al Gobierno de Felipe González, con motivo de la cesión del 15% del IRPF en 1993.

En el terreno técnico, hay un sector del PP que ve razonable una graduación en la aplicación del sistema de financiación autonómica. Estos técnicos interpretan el pacto de abril entre el PP y CiU, en el campo de la capacidad normativa sobre el. IRPF, que la aplicación de los tributos compartidos debe ejercerse una vez que todas las comunidades tengan transferidas la educación y la sanidad, lo que no sucederá antes de dos años. La gradualidad permitiría también ir dando pasos en función del afianzamiento del nuevo sistema de financiación.

Según los pactos autonómicos suscritos por el PSOE y el PP, la Educación terminará de traspasarse a todas las comunidades a fines de 1997. En cuanto a la sanidad, está pendiente de unos nuevos pactos autonómicos entre las principales fuerzas políticas que la incorporen a las comunidades reguladas por el artículo 143 de la Constitución, las llamadas de vía lenta. Los nuevos pactos no tienen un horizonte inferior a los dos años.

La receptividad de Aznar a las tesis de Chaves le llevará a tratar de cerrar una especie de cuadratura del círculo, aunque no imposible, en este caso. El presidente del Gobierno trata de conciliar las posiciones negociadoras de gradualidad, con la pretensión de CiU de aplicar la capacidad normativa sobre el segundo tramo del 15% desde su entrada en vigor. Los pactos de abril, firmados entre el PP y CiU, no alcanzan ese nivel de precisión y Aznar cuenta, por ello, con un cierto margen de maniobra.

Ayer recibió Aznar a Alberto Ruiz-Gallardón, el presidente de la Comunidad de Madrid, una de las más favorecidas por el sistema de corresponsabilidad fiscal. Ruiz-Gallardón hizo a la salida de la entrevista, de una hora, una encendida defensa del sistema de financiación autonómica pactado por el PP y CiU.

Ruiz-Gallardón destacó que el nuevo sistema de Financiación pondrá a prueba la capacidad de gestión de los presidentes autonómicos y aseguró que la solidaridad queda garantizada por el papel reequilibrador que mantiene el Estado con su competencia sobre el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y los fondos de cohesión.

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