Móner someterá a careos a Barrionuevo y Vera con Roldán

El juez instructor del caso GAL, Eduardo Móner, ha ordenado que la próxima semana comparezcan nuevamente en el Tribunal Supremo el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, a fin de confrontar las acusaciones del ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, quien les atribuye haber ordenado el secuestro de Segundo Marey y haber comentado con él el asesinato en Francia del refugiado Juan Carlos García Goena.

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Móner ha citado para el miércoles 11 al ex ministro José Barrionuevo, a quien previsiblemente tomará declaración sobre las imputaciones que hace contra él el ex prófugo Luis Roldán. Si, como parece previsible, Barrionuevo niega los cargos, el juez los someterá a un careo para tratar de indagar quién dice la verdad. El ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera será sometido el jueves a la misma diligencia frente a Roldán.Sobre el secuestro de Segundo Marey, en diciembre de 1983, Roldán declaró ante Móner que él era entonces delegado del Gobierno en Navarra y la misma noche en que agentes de policía pasaron la frontera de Dancharinea (Navarra) con el secuestrado, habló con Rafael Vera, y éste le respondió que iba a hacer averiguaciones y que más tarde le llamaría. Según Roldán, minutos después le llamó Barrionuevo, quien le dijo que dejara pasar el coche en el que llevaban a Segundo Marey ya que se trataba de una operación que había ordenado él directamente y que se olvidase del tema.

Fue en esta declaración en el Tribunal Supremo, realizada la semana pasada, en la que Roldán mencionó por primera vez a Barrionuevo en relación con el caso Marey. En la que prestó el 8 de marzo de 1995 ante el juez Garzón, en la Audiencia Nacional, Roldán relata la conversación con Vera, dice después que intentó hablar con Julián Sancristóbal y que "no recuerda si llegó a hablar". Pero la supuesta conversación con Barrionuevo no aparece para nada en aquélla declaración.

Otro punto de controversia será una supuesta reunión en que Roldán habría mantenido con Barrionuevo, cuando éste era ministro de Transportes y en la que, según el ex director de la Guardia Civil, Barrionuevo le habría dicho que "en el mismo barco" [la guerra sucia contra ETA] estaban el entonces presidente Felipe González, Alfonso Guerra y el PSOE.

El ex director de la Guardia Civil también acusó a Vera de haber informado a Barrionuevo, en su presencia, de que el asesinato del refugiado vasco Juan Carlos García Goena "era cosa de Amedo y Domínguez". Añadió que se acordó consultar esta cuestión con el presidente González, y que éste, siguiendo el criterio del entonces ministro de Justicia, Fernando Ledesma, ordenó al fiscal general del Estado la interposición de una querella en la Audiencia Nacional para "tener controlado el tema".

Esta imputación de Roldán provocó la reacción de Michel Domínguez de pedir declarar hoy ante el juez Móner para contar sus entrevistas privadas con el juez Baltasar Garzón, una antes de que el magistrado anunciase su marcha a la política, y otras dos, a solas, en noviembre y diciembre de 1994 poco antes de se iniciase la segunda etapa del caso GAL

A reserva de conocer el contenido de estas entrevistas, fuentes del Supremo indicaron que las posibles irregularidades que denuncie Domínguez podrían tener trascendencia en el futuro, al comienzo del juicio oral, momento en el que se habría de plantear la solicitud de nulidad de actuaciones.

Tampoco es la primera vez que Garzón es denunciado. Al comienzo del caso Marey, Juan de Justo, secretario de Rafael Vera, y Julián Sancristóbal, ex director general de Seguridad, denunciaron actuaciones presuntamente irregulares de Garzón. De Justo dijo que el juez le había ofrecido la libertad provisional si implicaba a Rafael Vera. San Cristóbal denunció una proposición similar del juez a su abogado defensor. El magistrado del Supremo Ramón Montero, que antes había ejercido en la Audiencia Nacional y que fue el ponente de la querella que Vera interpuso contra Garzón por esas presuntas actuaciones, resolvió que la conducta de Garzón no habría sido un "acto de intimidación" sino que, a lo sumo, "no pasaría de una atípica ampliación de la instrucción de derechos".