Chaves se plantea el veto al nuevo sistema de financiación autonómica

Manuel Chaves, el primer socialista en visitar La Moncloa desde la salida de Felipe González, confesó ayer su sensación de extrañeza tras su entrevista con el jefe del Gobierno, José María Aznar. El presidente de la Junta de Andalucía fue el primero de la ronda autonómica que advirtió a Aznar que puede votar en contra del nuevo sistema de financiación autonómica. Chaves no ha concretado si podría negar al bloqueo, pero ya ha solicitado un dictamen jurídico sobre esa posibilidad. En su entrevista con Aznar, fue claro: Andalucía se opondrá si el Gobierno concede a las comunidades capacidad normativa sobre el IRPF y no pone topes a la cesión del 30%.

En su entrevista de 80 minutos con Aznar, Chaves le dejó claro que hablaba en nombre de la Junta de Andalucía, no como portavoz socialista. También le explicó que no habrá un frente común de presidentes socialistas -Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha- ante el nuevo sistema de financiación autonómica, pactado en sus líneas básicas entre el PP y CIU. El jefe del Ejecutivo andaluz quiso poner énfasis en la representación institucional que encarna.Para Aznar, la posición de la Junta de Andalucía es clave para la credibilidad del nuevo sistema. Andalucía es la región más poblada de España y tiene un enorme peso político y social. Chaves lo recordó a los periodistas en el breve encuentro que mantuvo al terminar su reunión en La Moncloa. "Andalucía tiene el suficiente peso como para deslegitimar. el sistema de financiación autonómica", dijo el Chaves.

Pero la deslegitimación puede ser algo más que moral. Chaves reconoció ayer que ha solicitado un dictamen para conocer si el rechazo al nuevo sistema de financiación por una sola comunidad lo invalida en su conjunto. El portavoz socialista en el Senado, Juan José Laborda, anunció la posibilidad del bloqueo del sistema la pasada semana en un debate en la Cámara alta. Se basó en la opinión de algunos expertos constitucionalistas.

El presidente andaluz pidió al jefe del Gobierno que convoque cuanto antes al Consejo de Política Fiscal y Financiera -organismo decisorio, integrado por el Ejecutivo y las 15 comunidades autónomas de régimen común- para fijar las posiciones de cada uno, especialmente la del Gobierno, y acabar con la etapa de incertidumbres. Aún no hay una posición definitiva y oficial del Gobierno sobre la liberación de topes, y queda pendiente de establecer la nivelación de servicios, entre otras cuestiones. Aznar contestó que lo hará una vez que finalice la ronda que ha abierto con los presidentes autonómicos.

Corresponsabilidad, con topes

Chaves anunció a Aznar la posición de la Junta de Andalucía: sí a la corresponsabilidad fiscal, pero no a una cesión del 30% del IRPF sin topes o a la capacidad normativa sobre el impuesto. El presidente andaluz le argumentó que la liberación de topes aumentaría la diferencia de ingresos entre las comunidades y la capacidad normativa para el IRPF generaría una absurda competencia entre ellas por atraer inversiones. Aznar se limitó a escuchar las propuestas.El presidente andaluz consiguió garantías de Aznar de que el Gobierno respetará los acuerdos alcanzados con la anterior Administración sobre la deuda histórica de la región -20.000 millones- y el mantenimiento de una relación Gobierno-Junta en esta materia al margen del sistema de financiación común.

Chaves reclama la deuda histórica como el hecho diferencial andaluz, recogido en la disposición segunda del Estatuto de Andalucía. El reconocimiento de Aznar de la deuda satisfizo al presidente de la Junta por su valor político. También le pidió prudencia en la política de privatizaciones anunciada por el nuevo Gobierno, la presencia de la Junta en los consejos de administración de las empresas públicas de la región y un mayor compromiso de la Administración central en la política industrial en Andalucía.

En el capítulo de traspasos, el presidente andaluz reclamó al jefe de Gobierno la transferencia del Instituto Nacional de la Marina -con el que ya cuenta Galicia-, las políticas activas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) -incluidas en el pacto entre el PP y CiU- y el Plan de Empleo Rural.