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CiU exige al Gobierno que adopte medidas económicas de "choque" en el plazo de un mes

El Gobierno no puede resignarse ante el deterioro de las expectativas sobre crecimiento económico y de empleo y debe adoptar medidas económicas de "choque". En ello coincidieron ayer los grupos parlamentarios y, en especial, el portavoz de CiU en la Comisión de Economía del Congreso, Francesc Homs, que dio un plazo de 30 días al Gobierno para que "salga de la inactividad". En caso contrario, la coalición se cuestionará su apoyo al Gobierno ya que "no existe pacto alguno en materia de política económica" según Homs. El vicepresidente segundo y ministro, de Economía, Rodrigo Rato, enunció 50 medidas, aunque los grupos parlamentarios le pidieron que concretara plazos y prioridades, cosa que no hizo.

Rodrigo Rato acudió ayer por primera vez a la Comisión de Economía del Congreso en calidad de vicepresidente para Asuntos Económicos. Un día antes, el Gobierno había adoptado su primera decisión concreta en política económica: la revisión a la baja de las expectativas de crecimiento económico y de creación de empleo para este año. Pese a ello, el vicepresidente segundo se declaró "optimista" y con muchos proyectos en cartera. En concreto, sistematizó las 50 medidas que el Gobierno quiere adoptar en esta legislatura en las áreas de Presupuestos, Hacienda y Economía aunque sin demasiadas concrecciones y sin establecer plazos para las más comprometidas.El que más impaciencia demostró por la posible "pasividad" del Gobierno, fue el portavoz de CiU, grupo que ha permitido con su apoyo la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno hace poco menos de un mes. Francesc Homs dio de plazo 30 días para la adopción de "medidas de choque" en favor de la inversión y del empleo. Recalcó que "no podemos hacemos solidarios con la falta de actuación" y advirtió al Gobierno que "no existe pacto alguno en materia de política económica", es decir, que "nuestra posición va a ser muy exigente" y que "el Gobierno debe tener presente con qué mayoría parlamentaria cuenta; se lo digo hoy y no lo volveré a repetir".

Respuesta de Rato

La amenaza de Homs no conmovió al vicepresidente. Rato dio un pase torero y devolvió el dardo al representante de CiU con apenas una frase: "Estoy convencido de que existe una clara garantía de estabilidad [para el Gobierno] y que en todos los niveles que usted representa hay un compromiso de solidaridad con el Gobierno".Rebatió las acusaciones de pasividad que también había planteado el portavoz del PSOE, Juan Manuel Eguiagaray. " El Gobierno va a tomar las medidas necesarias al ritmo que garantice su eficacia, dijo. Añadió que "no estamos en la inactividad ni lo vamos a estar; en los tres Consejos de Ministros celebrados se han adoptado importantes medidas económicas".

Homs explicó su ultimátum al Gobierno por la necesidad de aprovechar los 18 meses que quedan para cumplir los criterios de convergencia que lleven a España a la moneda única europea. Pidió a los demás grupos políticos, en especial al PSOE, que "se trabajé con un espíritu de consenso" hasta entonces, para añadir que, pasados estos 18 meses, "que se levante la veda y cada uno haga lo que quiera".

El diálogo social, una de las señeras del actual Gobierno, también tiene un límite, según el diputado catalán. "Está muy bien ese diálogo", dijo Homs, "pero ¿qué pasa si no hay acuerdos? ¿de quién es la responsabilidad de tomar medidas? Si no hay resultados vamos a exigirle al Gobierno que adopte las medidas y ajustes necesarios que permitan la creación de empleo". Porque, según Homs, "no podemos decirle a la ciudadanía que vamos a estar en la unión monetaria con una más paro".

Homs pasó luego a puntualizar algunos aspectos que le interesan especialmente a su grupo. Recalcó que el sistema de financiación autonómica se hará sin topes, como confirmó Rato, y que si aumentan los recursos para las autonomías Cataluña se llevará "sólo" un tercio. Pidió al vicepresidente que aclarara si va a haber actualización de balances para las empresas y cuándo, a lo que Rato respondió que sí "porque ésta es una prioridad del Gobierno" pero dio a entender que se hará de forma gradual.

Eguiagaray, por su parte, entendió que la intención del Gobierno no es "reformar la reforma laboral", tal como recalcó Rato, y que cualquier decisión que se adopte será negociada con los sindicatos. El portavoz socialista denunció que la reducción de tramos en la tarifa del impuesto sobre la renta -que entrará en vigor probablemente en 1997 junto al nuevo sistema de financiación autonómica, según dijo el vicepresidente- provocará una caída en la progresividad del impuesto. Rato le respondió que ello dependerá de dónde se establezcan los mínimos exentos. Eguiagaray también se mostró en contra de que las plusvalías no se integren en la base imponible del IRPF a lo que Rato contestó que esa medida permitirá simplificar el impuesto.

Felipe Alcaraz, portavoz de Izquierda Unida, anunció una fuerte oposición sindical en el caso de que se desmantele el grupo financiero público Argentaria, a lo que Rato respondió que no era ésta la intención del Gobierno. Alcaraz advirtió igualmente del grave riesgo de confrontación social en el caso de que no se respeten los acuerdos con los sindicatos para la aportación de un billón de pesetas hasta el año 2.000 para las empresas públicas con pérdidas. El vicepresidente dijo que sólo se trata de analizar si se cumplen los objetivos previstos.

Por su parte, Jon Zabalía, del PNV, pidió que se aclare cuál es exactamente el nivel del déficit público a lo que Rodrigo Rato contestó que en ello están y que "el Gobierno hará público todo lo que se encuentre".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de mayo de 1996

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