La 'ley de Say'
La irrupción de la Guardia Civil en los sumarios de los GAL desplaza la percepción social desde las implicaciones sólo gubernativas en la guerra sucia contra ETA hasta las responsabilidades de los aparatos estatales en su conjunto. Es poco probable que la Guardia Civil y la policía esperaran a la conquista del poder por los socialistas para emprender operaciones contraterroristas al margen de la ley: entre 1975 y 1982 fueron asesinados más de veinte militantes o simpatizantes de ETA, entre otros José Miguel Beñarán, Argala. Las comparecencias judiciales de los generales Cassinello, Sáenz de Santa María y Rodríguez Galindo (responsables de la lucha antiterrorista bastantes años antes de la llegada de Felipe González al palacio de La Moncloa) podrían arrojar bastante luz sobre los elementos de continuidad de la acción del Estado en las zonas oscuras de la guerra sucia contra ETA, por encima de las discontinuidades de los regímenes políticos (franquismo y monarquía parlamentaria) y de los gobiernos (centristas y socialistas dentro de la democracia).Manuel Vázquez Montalbán transcribe en Un polaco en la corte del rey Juan Carlos (Alfaguara, 1996, página 450) unas reflexiones coloquiales de Felipe González relacionadas genéricamente con los problemas del contraterrorismo. Según el ex presidente del Gobierno, la guerra sucia es un "fenómeno común a los países democráticos" con dos posibles orígenes: o bien el impulso viene desde el poder, como la lucha contra la OAS en Francia; o bien el poder se inhibe ante la guerra sucia debido a su incapacidad para ordenar a las fuerzas de orden público que "vuelvan las espaldas" a los terroristas que les asesinan y "en cambio persigan a los contraterroristas que no van contra ellos".
La teoría según la cual la guerra sucia habría nacido de la actitud inhibitoria de los gobiernos democráticos ante los excesos de las fuerzas de orden público mandadas por militares de alta graduación podría esgrimir como argumento en su favor la persistencia con que la derecha autoritaria defendió la autonomía militar frente al poder civil como garantía de la seguridad nacional -durante la transición, democrática. En su estrategia para exonerar a los uniformados implicados en la guerra sucia, los medios reaccionarios intentan ahora conciliar la consigna o todos o ninguno (extraña a la lógica del proceso penal) con la doctrina de la obediencia debida (taxativamente excluida por las reales ordenanzas como eximente en caso de delito). Mientras la universalización de la culpa trata de impedir que los asesinos de Lasa y Zabala puedan sentarse en el banquillo sin ir acompañados por los miembros del anterior Gobierno socialista con su presidente a la cabeza, la inapropiada apelación a la obediencia debida aspira a la imposible meta de castigar sólo al vértice de la pirámide estatal y de absolver a los escalones inferiores.
Las reflexiones de Felipe González sobre el origen inhibitorio de la guerra sucia podrían dar pie a una interpretación diferente, pero igualmente rechazable, de la doctrina de la obediencia debida, dirigida esta vez a exonerar a unos gobernantes supuestamente forzados a cumplir las órdenes de los aparatos estatales de seguridad: las democracias amenazadas por el terrorismo se verían obligadas a mirar hacia otro lado cuando sus fuerzas de orden público se lanzaran a la guerra sucia. Pero tampoco esa explicación serviría de eximente al Gobierno: el manejo ministerial de los fondos reservados y la cobertura dada a los organizadores de los GAL crean como mínimo responsabilidades de complicidad y encubrimiento. Más allá del mundo del Derecho, tal vez la Economía pudiera ser útil para explicar los orígenes de los GAL; la ley de los mercados de Jean-Baptiste Say establece que toda oferta crea su propia demanda: la oferta de guerra sucia producida por la Guardia Civil y la policía antes de la llegada al poder del PSOE terminó encontrando su demanda después de la victoria socialista.
