Un juicio limpio

SON MUCHAS y de muy diversa índole las voces críticas que se alzan contra la forma en que se vienen instruyendo los sumarios acerca de los crímenes cometidos por los GAL y de otros episodios de la guerra sucia del Estado contra el terrorismo. Entre los últimos en sumarse a dichas voces se encuentra el portavoz de CiU, Joaquim Molins, que ha puesto de relieve las continuas fugas de información y la apertura de numerosos sumarios diferentes con los mismos o parecidos implicados y todos ellos sobre el caso GAL. No hay que ser un lince para descubrir los defectos y las torpezas cometidas por los jueces instructores y las filtraciones frecuentes sobre el contenido de los sumarios. Lo más preocupante es que estos errores de procedimiento puedan derivar en la anulación de actuaciones, y que, finalmente, pese al escándalo que se ha generado, los culpables de haber cometido crímenes nefandos puedan verse libres de castigo. No sería la primera vez que acusados de terrorismo se ven libres de la acción de la justicia por errores o dejaciones de los fiscales y jueces encargados de su caso.Pero tanto como dichas deficiencias, o quizá como fruto de ellas, sigue llamando la atención la facilidad con que determinados magistrados aplican en este país la prisión preventiva, prevista en la ley para casos muy determinados, y utilizada con frecuencia entre nosotros -y no sólo en el caso GAL- como método intimidatorio para hacer confesar a los acusados. La suposición de que los imputados puedan ahora -12 años después de los hechos- destruir pruebas o amañar testimonios es simplemente ridícula: han tenido más de una década para hacerlo. Y ha resultado evidente que, salvo el caso de Luis Roldán -cuya evidenciada capacidad para mentir y engañar no le ha restado credibilidad, al parecer, ante algunos jueces-, el resto de los implicados no ha intentado eludir la acción de la justicia. Las fianzas astronómicas impuestas en determinadas ocasiones, como los 200 millones a Rafael Vera, fueron después drásticamente rebajadas por el Tribunal Supremo, y las medidas cautelares impuestas por el juez Móner sobre los acusados en el caso Marey son un buen ejemplo de cómo se puede instruir un sumario con garantías para la acción de la justicia y para los justiciables.

Lo que necesitamos, en todo caso, es un juicio rápido y limpio contra todos aquellos acusados de cometer u ordenar acciones contraterroristas que hubieran desbordado el marco legal. La democracia española no se puede permitir soportar durante años, y sin debilitarse, un rosario de instrucciones sumariales confusas, de rumores, acusaciones en los periódicos y conspiraciones de todo tipo sin que los hechos acaben de verse en la sala de juicios. Quizá una de las medidas apropiadas para que esto suceda sea la acumulación de todos los sumarios abiertos y su traslado al Supremo, toda vez que en todos ellos se encuentran implicadas personas aforadas -ex ministros y altos cargos que tienen hoy condición de diputados-. Una medida de ese género agilizaría los trámites, unificaría los criterios procesales y alejaría las sospechas que algunos exhiben sobre los actuales jueces, instructores en la Audiencia Nacional. La falta de transparencia en ambos casos es notable: Garzón perteneció a las filas del Ministerio del Interior antes de retomar la instrucción de los crímenes de los GAL, y algunos creen que pudo obtener así información interna con la que reabrir una causa ya cerrada años antes por él mismo. Aunque el propio juez lo ha negado repetidas veces, su antigua condición de diputado del PSOE y número dos -tras Felipe González- en las listas por Madrid y su posterior ruptura política con los socialistas no son la mejor carta de presentación para un juez que instruye los GAL. Como no lo es para su compañero Gómez de Liaño el hecho de que sea el hermano del abogado, y probable cómplice, de Mario Conde, que aparece también como querellado ante la Audiencia Nacional en relación con las presuntas operaciones de estafa y falsedad del ex banquero. Ya es pública y notoria la relación de Conde con el coronel Perote, sobre cuya documentación se basan ahora algunas de las acusaciones del caso GAL. El apellido Gómez de Liaño está demasiado presente en los pasillos, y en los despachos, de la Audiencia Nacional.

En cualquier caso, éstas son cuestiones procesales que compete precisamente a los jueces determinar, y sobre las que sería bueno que el Supremo se pronuncie. Lo importante es que los acusados en el caso GAL se sienten cuanto antes en el banquillo y sean condenados o absueltos como consecuencia de un juicio limpio, sobre el que no se ciernan sombras de manipulación, oportunismo o torpeza. Y que la opinión pública, los gobernantes, la prensa y la oposición dediquen su atención preferente a los asuntos de la España de hoy, una vez saldadas las cuentas pendientes de hace más de 12 años. Las elecciones permitieron a Aznar pasar página en el terreno de las responsabilidades políticas. Sólo las sentencias lograrán otro tanto en el de la actuación jurídica. Y es por eso necesario que no se demoren.