El calvario de los presos inocentes

Un juez militar de Perú, al considerar la sentencia, llegó a la conclusión de que, ya que "existe duda respecto de la participación de Julio Ismael Loa Albornoz en acciones o en hechos que constituyan delito de traición a la patria, esta duda debe favorecer al Estado y a la sociedad, y es preferible, ante esa duda, aplicar una pena de inmediato...".Centenares de presos inocentes han sido encarcelados en Perú en virtud de una política antiterrorista que permite juicios injustos, pese a las modificaciones introducidas a la legislación en varias ocasiones desde 1993.

Aunque incluso el propio presidente, Alberto Fujimori, ha reconocido el problema, y aunque se han presentado en el Parlamento siete proyectos de ley sobre el tema que no han sido debatidos, presos inocentes continúan en prisión y siguen sin cumplirse las garantías internacionales para un juicio justo.

Desde la entrada en vigor de una nueva legislación antiterrorista en mayo de 1992, Al ha recibido documentación sobre por lo menos 900 personas que se consideran injustamente acusadas de terrorismo, y ha adoptado a 122 como presos de conciencia, aunque la cifra real puede ser mucho mayor. El caso de Julio Ismael Loa es ilustrativo. Fue detenido en febrero de 1993, acusado de ser activista de Sendero Luminoso por dos miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que procuraban beneficiarse de la ley de arrepentimiento, y que posteriormente se retractaron.

En mayo de 1993, el fiscal descartó su vinculación "con organización terrorista alguna". Pero el juez de instrucción tuvo que remitir el caso a una corte superior, conforme a la legislación antiterrorista. Dicha corte lo transfirió a un tribunal militar, aparentemente por ser parte de un expediente en el que otros encausados habían sido acusados de traición a la patria. Dicho tribunal le condenó a 15 años de prisión en junio de 1994.

El 14 de noviembre de 1994, el Consejo Superior de Guerra de la Fuerza Aérea Peruana ordenó la iniciación de un nuevo juicio, durante el que el tribunal militar absolvió al encausado del delito de traición, pero decidió que su caso debía devolverse a un tribunal civil por delitos de terrorismo.

El 9 de agosto de 1995, fue absuelto de todos los cargos por el Consejo Superior de Guerra. Esta decisión está sujeta a ratificación o veto del Consejo Supremo de Justicia Militar. Casi tres años después de ser acusado falsamente, Julio Ismael Loa, budista, seguía en la cárcel.

La legislación antiterrorista niega el derecho a un juicio con las debidas garantías a los procesados por delitos relacionados con el terrorismo, como han denunciado el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales y el comité contra la tortura de la ONU, que declaró en noviembre de 1994 que en estos casos la tortura es generalizada en los interrogatorios.

Estos juicios no son públicos. Los civiles son juzgados por tribunales militares cuando son acusados de traición a la patria. La mayoría de los injustamente detenidos por delitos de terrorismo fueron acusados, inculpados y condenados basándose en imputaciones sin corroborar formuladas por arrepentidos. El Gobierno y el Parlamento se han hecho eco de la preocupación por este problema, con propuestas como la derogación de la ley de arrepenti miento y la creación de una comisión para el examen del tema. Pero siguen en la cárcel cientos de inocentes. Este patrón sistemático de detenciones arbitrarias surge en un contexto de abusos violentos y generalizados en los últimos 16 años, tanto por las fuerzas de seguridad como por el Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso) y, en menor escala, por el MRTA, alzados en armas activos en Perú desde 1980 y 1984, respectivamente.

Sendero Luminoso ha matado a miles de civiles y torturado a prisioneros. Recientemente, una facción disidente, Sendero Rojo, ha declarado que seguirá con la campaña armada y ha cometido graves abusos.

En su discurso inaugural, de julio de 1990, el presidente Fujimori afirmó: "La violencia terrorista que enfrenta actualmente nuestra joven democracia no puede justificar, de manera alguna, la violación de los derechos humanos ( ... )". Algunas medidas contribuyeron a una reducción considerable de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.

La retención de leyes antiterroristas que niegan a los detenidos el derecho fundamental al debido proceso sigue lastrando el historial peruano de derechos humanos.