El Cesid asegura que ni siquiera tiene en su poder algunos de los papeles que pide Garzón

El Gobierno de José María Aznar no podría, en el improbable caso de que decidiera hacerlo, entregar a Garzón y Gómez de Liaño los 22 documentos secretos sobre la guerra sucia, algunos de ellos repetidos, que le han solicitado los dos magistrados. La mayor parte de estos papeles, los más importantes, ni siquiera están en poder del Cesid. Así lo aseguran fuentes de Defensa, según las cuales, si los dos jueces de la Audiencia Nacional que investigan el caso GAL quieren obtener los originales, deberían pedírselos al coronel Juan Alberto Perote, preso en Alcalá de Henares (Madrid).

La fuentes consultadas aseguran que en el Cesid no se ha destruido ningún documento y que la ausencia en los archivos del centro de algunos de los papeles reclamados por los jueces puede deberse a dos causas: que se trata de falsificaciones que los originales se los llevó el coronel Perote, ex jefe de la Agrupación Operativa, cuando fue apartado del servicio secreto en noviembre de 1991.Perote sacó del Cesid miles de documentos, cuya cuantía y contenido se desconoce con exactitud, y. sólo devolvió dos meses después 1.200 microfichas, supuestamente tras hacer copias de las mismas.

Entre los papeles que asegura no tener el Cesid estan las transcripciones de supuestas conversaciones entre el teniente de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto y el jefe del cuartel de Intxaurrondo, el hoy general Enrique Rodríguez Galindo, así como de Gómez Nieto con el propio Perote, en las que se revelarían las circunstancias en que se produjo la muerte de Mikel Zabaltza y el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala.

Transcripción manuscrita

La existencia de estas transcripciones fue conocida hace algunas semanas, cuando El Mundo difundió varios folios manuscritos con fragmentos de las mismas. Tras buscar sin éxito este documento en el centro, se tomó un cuerpo de escritura a Gómez Nieto, agente en activo del Cesid hasta que el juez Gómez de Liaño lo encarceló el pasado martes, y se comparó con lo publicado en el periódico, con resultado negativo.El anterior ministro de Defensa, el socialista Gustavo Suárez Pertierra, ya explicó en su momento, ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que en el Cesid no se encontraba la llamada acta fundacional de los GAL. Lo mismo sucede, según las fuentes consultadas, con la nota referida a la fabricación de un sello de caucho con las siglas de la banda terrorista -que ha servido de base para la imputación del general Andrés Cassinello- o con el papel que explica cómo fue asesinado el etarra Gutiérrez Salazar, el Tigre.

Por el contrario, Suárez Pertierra reconoció tener en su poder y mostró a los diputados el documento sobre manipulación de pruebas en el caso de Lucía Urigoitia y el papel, de 28 de septiembre de 1983, que anunciaba el inminente inicio de acciones armadas en el sur de Francia. En esta última nota figuran las siglas "Pte." que, según Perote, significan "Presidente" y, según el ex director del Cesid Emilio Alonso Manglano, quieren decir "Pendiente". También se guardan en el centro los documentos secretos sobre la llamada red Hurón, una trama clandestina de agentes en el País Vasco francés.

El Consejo de Ministros decidirá en breve, probablemente mañana, a propuesta del titular de Defensa, Eduardo Serra, si entrega o no a los jueces los originales de los documentos que si conserva el Cesid, aunque todas las fuentes consultas coinciden en que la respuesta será negativa. Ayer mismo, en declaraciones a Radio Nacional, el portavoz de CiU en el Congreso, Joaquim Molins, recordó que su grupo estuvo de acuerdo con la decisión del Gobierno del PSOE de no desclasificar los documentos. "Creo que el Gobierno [del PP] debe seguir haciendo lo mismo", añadió.

Blanqueo de pruebas ilícitas

Las circunstancias que rodean estos documentos son anómalas. El juez Garzón los incautó en la celda de Perote, quien sólo podía tenerlos de forma ilícita, según expertos jurídicos, ya que no estaba autorizado a guardar papeles secretos. Sin embargo, estas pruebas, cuyo origen es presuntamente delictivo, quedarían "blanqueadas" si el Gobierno accedise a remitir al juez los originales, en opinión de los mismos expertos.Por otra parte, Garzón se negó a entregar estos papeles al juez Palomino, instructor del sumario contra Perote en la jurisdicción militar, alegando el carácter secreto de sus diligencias, pero al parecer sí los ha entregado a su compañero Gómez de Liaño, que con la misma base ha pedido al Gobierno la desclasificación de cuatro documentos. Finalmente, el caracter secreto de los documentos y del sumario no ha impedido la publicación de la mayoría de ellos en el El Mundo.