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EL NUEVO GOBIERNO

Juristas y funcionarios creen que pasar las cárceles de Justicia a Interior viola la ley orgánica penitenciaria

El traspaso de la Dirección General de Insitituciones Penitenciarias al Ministerio de Interior podría vulnerar lo establecido en la Ley Orgánica General Penitenciaria, según creen ex altos cargos y funcionarios del departamento, así como varios juristas consultados por este periódico. Unos y otros consideran que el espíritu y la letra de esa ley es que el cumplimiento de penas esté bajo la órbita de Justícia y no bajo el "control" de Interior. Estiman que para modificar una ley orgánica no basta un decreto, cuando éste viola lo establecido por los legisladores, que sólo puede alterarse por una norma de igual rango.

El artículo 79 de la Ley Orgánica Penitenciaria de 1979, la primera de este rango de la. etapa democrática, señala que "corresponde a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia la dirección, organización e inspección de las instituciones que se regulan en la presente ley", salvo en las comunidades autónomas que tengan asumidas las competencias sobre prisiones. La ley fue aprobada en su día con el voto favorable de 284 diputados, ninguno en contra y. dos abstenciones.Esta ley prevé que, excepcionalmente y por acuerdo conjunto de los ministerios de Justicia e Interior, cuando se produzca una grave alteración del orden en un centro penitenciario, se podrá requerir la intervención de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero agrega que eso se realizará "sin perjuicio de continuar la autoridad penitenciaria [adscrita a Justicia] en la dirección de las actividades de tratamiento, procedimiento administrativo en relación con las autoridades judiciales, régimen económico-administrativo y funciones asistenciales".

La dependencia del Ministerio del Interior de la dirección general de Instituciones Penitenciarias, acordada por el nuevo Gobierno por decreto del pasado día 7, es considerada contraria a la legalidad vigente por los juristas consulitados.

El catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado estima que la ley de 1994 que habilita al Gobierno a variar la denominación y competencias de los departamentos ministeriales no alcanza a la modificación de la organización de fondo que establece la ley orgánica". Añade que otro aspecto es el de "las garantías de los derechos de los presos, que pueden resultar afectadas por la reestructuración, al adscribir a Interior lo que el legislador vinculé con Justicia".

El catedrático de Derecho Constitucional Juan José Solozábal recuerda que la ley orgánica del Tribunal Constitucional permite al alto tribunal "declarar inconstitucionales ( ... ) los preceptos de un decreto-ley, decreto legislativo, ley que no haya sido aprobada con el carácter de orgánica (...) en el caso de que dichas disposiciones hubieran regulado materias reservadas a ley orgánica o impliquen modificación o derogación de una ley aprobada con tal carácter, cualquiera que sea su contenido". Las leyes orgánicas requieren mayoría absoluta -176 votos- del Congreso de los Diputados.

Tutelar las penas

Otro constitucionalista , ex diputado de IU y actual portavoz de Nueva Izquierda, Diego López Garrido, considera que el decreto del Gobierno de José María Aznares "legal". Razona que la Ley Orgánica General Penitenciaria "ha querido incardinar Instituciones Penitenciarias en el Ministerio de Justicia para tutelar todas las materias de cumplimiento de las penas privativas de libertad en, ese ámbito, lo que significa una garantía de la ejecución de las condenas". López Garrido añade que "se trata de una opción política del legislador y para cambiarla hace falta una ley de igual rango".

Un abogado del Estado, que pide se silencie su identidad, considera que, "aunque las reestructuraciones sean flexibles, la formulación tajante de la Ley Orgánica General Penitenciaria impide que el Gobierno se la salte por decreto".

En cambio, el catedrático de Derecho Administrativo Lorenzo Martín Retortillo juzga lógico y legítimo que el nuevo Gobierno tenga margen de maniobra". Recuerda que la citada ley, "por ser la primera, no tenía todavía asimilado el concepto de ley orgánica, ya que muchos de sus preceptos no se adaptan al mismo".

Fuentes de Interior reconocen que el motivo fundamental y casi único para absorber en este departamento la competencia sobre las prisiones es la existencia de más de 500 presos de ETA. Así lo percibe también el consejero vasco de Justicia, el socialista Ramón Jáuregui, que ha expresado sin ambages que está en contra de que Instituciones Penitenciarias pase a Interior.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de mayo de 1996

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