"Mi idea es privatizar todas las empresas publicas en esta legislatura"

Josep Piqué i Camps (Vilanova í la Geltrú, Barcelona, 1955) acaba de asumir la responsabilidad del Ministerio de Industria y Energía. Independiente en el Gobierno del PP, se le considera, no obstante, ligado a CiU. Su intención, al frente de este departamento, es abordar una participación masiva de las empresas que dependen de él durante la presente legislatura.Pregunta. ¿Cuál será la estructura definitiva del nuevo Ministerio de Industria?

Respuesta. En el marco de la reestructuración y simplificación de cargos planteada por el Gobierno va a haber una reducción de direcciones generales y una reestructuración del primer nivel de la estructura del departamento. La nueva estará formada por la subsecretaría del ministerio, que engloba la secretaría general técnica, la Dirección General de Industria y la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. Es decir, desaparece la Secretaría de Estado de Industria y se fusionan las direcciones generales preexistentes de Seguridad y Calidad, por un lado, y Tecnología por otro. En el energético, la Secretaría General de Energía eleva su rango a secretaría de Estado y bajo su mando tiene dos direcciones generales, Minas y Energía. Habrá un examen posterior sobre organismos autónomos.

P. ¿A qué ministerio quedarán asignados esos organismos?

R. Tengo algunas ideas, pero estamos emplazados la ministra de Medio Ambiente y yo para tratar el tema en profundidad. Hay que atender a las consecuencias de la creación de este departamento. Industria tenía competencias en ese ámbito que se deben orientar hacia Medio Ambiente. Se debe organizar un reparto ordenado.

P. Casi todo el discurso de política industrial del PP se. ha basado las pequeñas y medianas empresas, que dependerán de Economía. ¿Qué queda entonces de la estrategia industrial?

R. La política de pequeña y mediana empresa industrial practicada desde Industria se ha realizado desde un organismo autónomo, el IMPI. Además, existían políticas para las pymes desde Comercio, Agricultura, incluso Justicia. Es criterio de la moderna política industrial, y de este ministro, que la mejor política industrial es facilitar el acceso a la financiación y mejorar el marco macroecónomico y, por lo tanto, procurar que los costes Financieros y laborales sean competitivos y mejorar la legislación mercantil y el ámbito jurídico en el que se mueven las pymes. Tiene sentido es agrupar esas políticas en. el ministerio que tiene la responsabilidad de coordinar la política económica. Me parece coherente que esa política se marque desde: Economía, en el bien entendido, de que en lo referente a la pyme industrial el papel de Industria y su capacidad de decisión serán como hasta ahora.

P. Inicialmiente se planteó la idea de que la secretaría de Estado que permanecería sería la de Industria; finalmente, ha sido la de Energía. ¿Por qué?

R. Esos planteamientos estaban recogidos en algunos borradores, porque en una reordenación de estas características, hay muchas reflexiones. Lo que vale es lo que aprueba el Consejo de Ministros. La estructura que ha parecido más conveniente y que este ministerio ve como más adecuada de acuerdo con el ministro de Administraciones Públicas, es la, que he explicado antes.

P. Las empresas eléctricas tienen planteados tres recursos contra la política de tarifas y el marco legal estable. ¿Qué va a pasar con esos, recursos?

R. Tengo que tratar este tema con los representantes de las empresas eléctricas y con el presidente de la Comisión Reguladora.

P. Hasta ahora se ha entendido que la política en el sector eléctrico era mantener subidas de tarifas como mínimo inferiores al IPC, y de recorte de costes para que esa variación se aproxime a cero o incluso se den rebajas tarifarias. ¿Se mantendrá ese criterio?

R. Hay un factor de competitividad evidente que debe pretender que: los costes energéticos que soporta nuestra industria sean los más parecidos posible a los de los países de nuestro entorno. La reducción de tarifas parece un objetivo deseable acompasado con la progresiva liberalización del sector, aunque ésta última tiene un límite, que es el equilibrio financiero de las propias empresas.

P. Algunos responsables de empresas eléctricas piensan que en Cataluña y en otras zonas hay demasiadas empresas pequeñas y que sería conveniente una fusión e incluso trasladar empresas, como Fecsa o Sevillana, que cuelgan de la pública Endesa, hacia el grupo privado. ¿Cuál es su opinión?

R. Uno de los mayores déficits de nuestro tejido industrial es la inexistencia de empresas de dimensión comparable a nuestro entorno competitivo. Cualquier reordenación que disponga una disminución de ese activo industrial ya generado no me parece adecuada. Otra cosa es que se puedan producir reordenaciones societarias entre matrices y filiales para mejorar la eficiencia del conjunto. Pero hay que partir de la base de que el mapa eléctrico es el que es.

P. La privatización de Endesa ¿debe producirse por la venta de acciones en el mercado o mediante troceo de participaciones?

R. Debe hacerse fundamentalmente mediante la puesta en el mercado de sus acciones. El por centaje es todavía prematuro; depende de las condiciones del mercado. La participación actual es del 67% y si se sacara al mercado provocaría distorsiones.

P. ¿Cree que los bancos deben informar al ministro antes de comprar participaciones en empresas públicas como Endesa?

R. Hay una posición de partida que nunca debemos olvidar. Una compañía que está en el mercado tiene derecho a comprar. Cuando una toma de posiciones afecta a una empresa que tiene mayoría pública, lógicamente el ministro desearla tener conocimiento previo; pero no puede tomar ninguna otra posición que vaya más allá.

P. ¿Cuál es su opinión sobre la actual estructura de los holdings que dependen de Industria?.

R. En el caso de la Agencia Industrial del Estado, que agrupa a las empresas que dependen de los Presupuestos del Estado, se puede hacer un esfuerzo adicional para rebajar las aportaciones publicas previstas para los próximos años. La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que controla la participación en Repsol y en gas, ambas minoritarias, y el 100% de Téneo, tiene otros anteamientos. La voluntad respecto a Repsol es proseguir con las ventas de participaciones hasta privatizarla del todo. En cuanto a Gas Natural y Enagás, son participaciones pequeñas, relacionadas con otras empresas y proyectos; en su opinión, hoy no es prioritario.

Téneo sigue siendo un grupo industrial muy diversificado que no añade valor a sus participadas. Mi idea inicial es que hay que privatizar todas las empresas públicas en esta legislatura, con el horizonte a medio plazo de la desaparición de Téneo. Me estoy planteando la conveniencia de crear una Oficina de Privatizaciones en el ministerio, con la participación de profesionales y de asesores externos.

P. El presidente de la SEPI ¿será el de Téneo?.

R. Efectivamente, conviene a la estrategia y la gestión de ambas compañías. Como comprendo que puede haber motivos que justifiquen su separación por cuestiones fiscales y jurídicas; así que mientras no se pueda proceder a la desaparición de Téneo, se debe asegurar la unidad de gestión a través de un presidente común.

P. ¿Qué opina sobre la política de núcleos duros privados en las empresas públicas?

R. En la medida en que la posición del Gobierno es ir privatizando esas participaciones, siempre es bueno que existan núcleos accionariales fuertes. Si están configurados por entidades serias, como sucede ahora, es un bien para el país.

P. ¿Es su criterio mantener a Oscar Fanjul en la presidencia de Repsol?

R. La decisión debe ser compartida por los accionistas. Atañe no sólo al Gobierno, sino de la junta general de esa compañía, en la que están presentes muchísimos inversores extranjeros y españoles. En una empresa de esa magnitud debe ser una decisión compartida. Ya he iniciado consultas con esos accionistas.