La Agencia Tributaria, nuevos y apasionantes retos
MANUEL LAMELA FERNÁNDEZPese a los problemas técnicos que plantea, la entrada de las autonomías en la Agencia Tributaria, lejos de encarecer la gestión, permitirá su racionalización y abaratamiento, según el autor.
Si los pactos parlamentarios cristalizan en el futuro y se consolidan en el marco político en el que se han desarrollado no es difícil vislumbrar, en el futuro más inmediato, la necesidad de una seria reordenación de la Agencia Tributaria en su condición de cabeza visible que es de la Administración Tributaria y Aduanera, y con el prioritario objetivo de atender, con la máxima eficacia, la gestión del nuevo diseño del sistema tributario salido del acuerdo de las fuerzas políticas que constituirán la mayoría parlamentaria de Gobierno.Se presenta así, a mi juicio, una magnífica oportunidad para abordar con rigor una reforma estructural y operativa de la Agencia Tributaria en la que se presenta como prioritario el dotar a la misma de un nuevo marco jurídico-normativo moderno, sólido y eficaz que permita avanzar en el futuro sin sobresaltos, y sobre seguro, hacia un posible modelo de administración tributaria integrada, capaz de acometer con profesionalidad la gestión de todos los tributos del Estado y de aquellas comunidades autónomas que dentro del nuevo marco de financiación decidan encomendarle en cada momento.
Consecuentemente, es posible y conveniente caminar con prudencia hacia un modelo de Administración Tributaria integrada en el que las administraciones cuyos tributos se gestionen, por ley o por convenio, tengan capacidad de informar, orientar e incluso decidir el marco operativo o las pautas y directrices generales de la gestión de sus tributos.
No es ésta, en modo alguno, una fácil andadura. No pocos son los escollos e inconvenientes técnicos y normativos a superar en el futuro, pero entiendo que el fin propuesto justificará con creces todos los esfuerzos que habrá que aunar para garantizar el éxito del nuevo modelo de organización.Un modelo así, lejos de encarecer la gestión, permitiría su racionalización y abaratamiento, y lo que es fundamental, un notable incremento de la eficacia en la gestión y en el desarrollo de la política contra el fraude, al permitir una visión global del sistema en el conjunto del territorio nacional.Los lógicos, aunque nunca deseables, problemas operativos, estructurales e incluso funcionariales que tras más de cinco años han podido aflorar en la todavía joven Agencia Tributaria, pueden y deben de ser abordados y resueltos desde esta nueva perspectiva y en el seno de este ambicioso proyecto cuyo objetivo fundamental debe de ser el cerrar satisfactoriamente y de manera definitiva el complejo capítulo del modelo definanciación autonómica en el marco de la necesaria corresponsabilidad fiscal.
La Agencia Tributaria debe pues adaptar sus estructuras al nuevo modelo de financiación por el que mayoritariamente se apuesta, contando para ello con todas las partes implicadas en este fundamental proyecto para el desarrollo definitivo del Estado de las autonomías.
Este posible proyecto de adaptación, en el que necesariamente han de primar criterios de profesionalidad, de respeto a los derechos de los contribuyentes y de eficacia e la gestión, no debe de olvidar el gran activo de la agencia compuesto por más de 27.000 magníficos funcionarios altamente cualificados que indudable mente constituyen la mejor de las garantías para asegura e éxito en la gestión del nuevo modelo de financiación que se adopte.
Todo apunta a que ha llegado el momento de zanjar definitivamente la más importante asignatura pendiente del proceso autonómico, con realismo, prudencia y visión de futuro. De ser así, creo que es el momento de plantear seriamente la consolidación de la Agencia Tributaria desde su reestructuración para que con un modelo organizativo flexible pueda atender aquellas encomiendas y exigencias que el sistema tributario y aduanero estatal le demande en cada momento y adaptarse a la realidad plural territorial del Estado español, permitiendo cauces y sistemas de participación de todas las administraciones con competencias tributarias cuando normativamente o por convenio se decida camina hacia, a mi juicio una deseable administración tributaria integrada.Los próximo meses serán, si duda, apasionantes para si prisas, pero sin pausas, comen zar a establecer los nuevos cimientos de este ambicioso necesario proyecto para la eficaz gestión de los tributos en e marco de los artículos 31 y 137 y concordantes de nuestra Constitución.
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