Almunia advierte que el pacto supondrá un importante coste y más impuestos

El pacto entre el Partido Popular (PP) y Convergència i Unió (CiU) "no tendrá una correlación con una mayor prestación de servicios que tengan que ser gestionados por las comunidades autónomas" y, sin embargo, supondrá "un coste" que deberá ser financiado aumentando los impuestos o suprimiendo políticas gestionadas por el propio Gobierno central, según Joaquín Almunia, portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados. "Este punto", insiste, "habrá que aclararlo a partir del debate de investidura porque tenemos un reto muy importante en los próximos 18 meses: reducir el déficit público".

En opinión de Joaquín Almunia, el acuerdo de los populares con los nacionalistas catalanes omite el principio de solidaridad: "Se ha hablado en general de él, pero en lo concreto sólo se han fijado en cómo proporcionar más recursos a las comunidades olvidando cómo hacer efectiva esa máxima tan necesaria para quienes viven en autonomías cuya renta está por debajo de la media".También advierte el portavoz parlamentario socialista que la supresión de los gobernadores civiles se debería hacer "con luz y taquígrafos" en el Congreso.

Francisco Fernández Marugán, el responsable socialista de Política Económica, se pregunta si realmente se trata de un pacto del siglo XXI, como se decía 72 horas antes, o si es de legislatura o renovable día a día y, en cualquier caso, entiende que "sentar a José María Aznar en La Moncloa equivale al acuerdo más oneroso que se haya podido firmar en la historia reciente entre el Gobierno central y una comunidad".

Para Nicolás Redondo Terreros, secretario general del Partido Socialista de Euskadli, el PP no ha dominado la negociación con CiU, a la que achaca "una posición de fuerza que no es razonable para el país". Según él, lo beneficioso habría sido la formación entre el PP, CiU y el PNV de una derecha vertebrada en todo él. "En cambio", argumenta, "Ios nacionalistas han mantenido en tensión a los populares, que han terminado haciendo concesiones a Cataluña que dañarán al resto de las comunidades".

También matiza Redondo que el PSOE e IU tenían que haber intervenido en un pacto de estado para el desarrollo autonómico y no limitar las negociaciones a los nacionalistas. Aparte, arremete contra el PNV por criticar a los sindicatos UGT y CC OO: "Es una agresión intolerable. [Ese partido] no es el único intérprete de los intereses del pueblo vasco".

"Desde la frivolidad"

Carlos Sanjuán, ex secretario del PSOE en Málaga, entiende que se trata de un pacto "hecho desde la frivolidad y guiado únicamente por los grandes deseos [de los populares] de ocupar el poder". Las reivindicaciones planteadas por CiU al PP ya fueron presentadas al PSOE en la anterior legislatura, según Sanjuán: "Si nosotros les hubiéramos dado la mitad de lo que ahora se les ha dado, el PP nos habría dicho de todo y, además, con razón". Las cesiones del partido de Aznar las ejemplifica en la supresión de los gobernadores: "Reducir a aspectos meramente administrativos la presencia política del Estado en cada provincia con un subdelegado con categoría funcionarial es una equivocación y todo lo contrario de. lo que defendía el PP".También muestra Sanjuán su preocupación por que se "rompa" la estructura estatal de los impuestos con diferencias entre unas comunidades y otras: "Cada país cuenta con uno sobre la renta y no puede ser distinto según el lugar en que se viva".

El Gobierno andaluz, presidido por el socialista Manuel Chaves, considera que el acuerdo sobre la cesión a las comunidades del 30% del IRPF debe consensuarse entre todas ellas: "Esas cosas no pueden pactarse por mayoría, sobre todo cuando afectan a otras autonomías que posiblemente tengan incluso que modificar sus leyes de financiación". La consejera de Gobernación de la Junta andaluza, Carmen Hermosín, añade que será "muy difícil" la unanimidad de todas ellas.

A su vez, el diputado Luis Yáñez, miembro del Comité Federal del PSOE, advierte que "es absolutamente ilusorio pensar que basta negociar con catalanes y vascos para garantizar la paz interterritorial de España".