El Gobierno abre el proceso para legalizar a 50.000 inmigrantes
El Gobierno pone en marcha, a partir de hoy y hasta el próximo 23 de agosto, un nuevo proceso para intentar regularizar la situación de unos 50.000 inmigrantes que se hallan ilegalmente en España, según estimaciones de la Secretaría de Migraciones de Comisiones Obreras. El inicio de este plan es paralelo a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, que satisface sólo en parte las reivindicaciones de los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales.La Administración ya efectuó en 1991 un proceso de regularización de extranjeros, asegurando entonces que era algo "extraordinario" y que nunca se repetiría. La realidad social, sin embargo, ha obligado a poner en marcha a partir de hoy otro proceso, que el Gobierno calificada de "especial", para no dejar condenados a la clandestinidad a miles de inmigrantes.
CC OO ha emprendido una campaña de información para que "el máximo número de personas pueda regularizar su situación administrativa a fin de conseguir la equiparación en sus relaciones laborales respecto. al resto de los trabajadores". Otras organizaciones no gubernamentales elevan a 70.000 el número de extranjeros que podrían acogerse al plan aprobado el pasado día 12 por el Consejo de Ministros, mientras que UGT cree que afectará a algo menos de 50.000 inmigrantes
El 40% de los 50.000 inmigrantes ilegales son marroquíes, mientras que el resto son en su mayoría hispanoamericanos. El requisito imprescindible para arreglar su situación es que acrediten que antes del 1 de enero de 1996 disfrutaron de algún permiso de residencia o trabajo en España. También pueden acogerse a este proceso sus cónyuges, los hijos menores no independizados, los incapacitados y los menores representados legalmente por. el solicitante y los ascendiéntes que dependan económicamente de éste.
La Administración se conforma con que los inmigrantes declaren ahora por escrito su voluntad de integrarse en el mercado laboral, no siendo necesario que cuenten con un contrato de trabajo. Este último requisito había fomentado en anteriores ocasiones la aparición de "mafias" que ven dían ofertas de trabajo, según los sindicatos. Otra novedad importante, al menos a efectos psicológicos, es que los extranjeros no tendrán que recoger sus permisos en las comisarías de policía.
El proceso de regularización que hoy comienza viene a ser una segunda oportunidad que el Gobierno concede a los inmigrantes, después de que unos 130.000 se acogieran al, proceso "extraordinario" llevado a cabo en 1991.
CC OO y UGT coinciden en calificar de "positivo, pero insuficiente" el actual proceso, al considerar que éste sigue dejando fuera de la legalidad a muchos que residen en España desde hace años. Entre ellos destacan a los que no han tenido nunca ningún tipo de permiso, a los que entraron en nuestra país mediante la vía del asilo o refugio, y a los excedentes del plan de cupos fijados durante los últimos años por el Gobierno.
"Será necesario en un futuro inmediato proceder a la legalización de estos trabajadores", afirma UGT. Este sindicato sostiene que en caso contrario se situará a tales inmigrantes "en los márgenes del mercado laboral, en condiciones de ser explotados, sin posibilidades de reclamar, y obligados a trabajar en actividades sin regular, insalubres y peligrosas".
El Consejo de Ministros, a través de la reciente resolución que pone en marcha este plan, se felicita de qué éste sea "la culminación de un amplio y fecundo período de consultas y negociaciones con los sindicatos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de inmigrantes".
El Gobierno espera que el nuevo "procedimiento especial" sirva para arreglar las situaciones irregulares que atribuye "en buena parte'! a la anterior legislación.
