Los trabajadores denuncian al fiscal la presunta venta fraudulenta de GEA

Trabajadores del Grupo de Empresas Alvarez (GEA) presentarán hoy ante el fiscal de Pontevedra una denuncia por la presunta venta fraudulenta del Grupo a, Estudesa, en 1991. Hoy se cumplen las dos semanas de huelga en GEA y el sexto día del encierro que varios centenares de trabajadores mantienen en el Ayuntamiento de Vigo, donde tres de ellos realizan además una huelga de hambre desde el pasado miércoles. El PSOE, el BNG y, todos los sindicatos han convocado. a una movilización general de la comarca viguesa en demanda de salidas para la crisis del grupo ceramista.

GEA fue vendida a Estudesa por 100 millones de pesetas después de que el INI, su propietario hasta ese momento, invirtiera en el grupo ceramista 12.500 millones en sanearlo y dotarlo de tecnología puntera. A los cuatro días de formalizarse la operación, los nuevos propietarios de GEA cargaron sobre su caja varios cheques al portador por un valor global de 115 millones, que fueron cobrados, según los ahora denunciantes, por los propios compradores del Grupo, de manera que éstos no sólo habrían obtenido gratis sus cinco factorías, sino también un paradójico beneficio neto de 15 millones por suscribir la compra.El anuncio de la venta de GEA a Estudesa ya suscitó en su momento intensas movilizaciones de protesta por la desconfianza generalizada, en' bancos y en medios sindicales, que inspiraban sus socios, los hermanos Francisco y Mariano Jiménez Ambel y el sindicalista de UGT Vicente Mata Román, que fue el primero en asumir la presidencia. Estudesa ya había comprado en raras operaciones diversas empresas del Patrimonio Nacional, algunas procedentes de Rumasa, como Tejar Balear, por la que pagó una peseta, o La Cartuja de Sevilla, que le costó, 10.000, y hoy acumula varios contenciosos judiciales en Valencia por reclamaciones económicas.

Mata Román abandonó GEA al cabo de un año con una indemnización de 200 millones de pesetas y sucesivamente ocuparon su puesto los dos hermanos Jiménez. Durante la gestión de éstos, GEA ha acumulado un pasivo superior a los 12.000 millones de pesetas, pese a la coincidencia de todos los informes oficiales en señalar rentable su proyecto industrial. Al millar de trabajadores del Grupo- se les adeudan 11 mensualidades.

Dudas sobre el propietario

En estos momentos nadie es capaz de establecer quiénes son los auténticos propietarios del grupo vigués. Teóricamente lo es, desde el año pasado, Enrique Tatay Huici, a quien los hermanos Jiménez Ambel habrían pagado con acciones de GEA su aportación de 800 millones de pesetas para cubrir deudas generadas en otros negocios de aquéllos. A mayor abundancia, Tatay formalizó en marzo último la compra del Grupo por 203 millones. Pero al no hacer efectiva en los plazos previstos esa cantidad, de, la que sólo ha librado 15 millones, se mantiene sobre GEA una titularidad empresarial bicéfala y oscura. Por Tatay Huici apostó la Xunta.Los terrenos de las tres factorías de GEA han sido tasados en 9.000 millones de pesetas y el proyecto urbanístico que ya han realizado para ellos dos inmobiliarias vinculadas a Enrique Tatay, una, y los Jiménez Ambel, la otra, cifran sus expectativas de negocio entre los 20.000 y los 25.000 millones de pesetas. Ambas reclaman la recalificación de los terrenos para adelantar 4.500 millones que permitirían la continuidad de GEA en otro emplazamiento.

El comité de empresa admite esta salida siempre que con lleve garantías claras, para el proyecto industrial. Un grupo de empleados disidente, formado sobre todo por cuadros de la empresa. y que precisa mente son los que hoy llevarán ante el fiscal la presunta venta fraudulenta de GEA, rechaza radicalmente esa alternativa por cuanto, según ellos, "seria facilitar hasta la guinda de la tarta a los mismos ladrones que han expoliado la empresa durante los últimos años".

El PSOE, el BNG y las centrales sindicales han convocado a la movilización social para salvar GEA por su trascendencia para la comarca de Vigo, donde el grupo ceramista es la empresa más importante después de Citroén. Todos ellos acusan a la Xunta, a su vez, de inhibición en el problema y de contribuir a que la situación "se pudra".