Pujol, en el centro

EL PROCESO político resultante del cambio de mayoría ha entrado en una nueva fase. Culminadas las consultas con los partidos parlamentarios, el Rey comunicó ayer al presidente del Congreso el nombre de Aznar como candidato a la presidencia del Gobierno. Los nacionalistas canarios han firmado, por su parte, un compromiso para apoyar su investidura. Aunque lo más importante -el apoyo del nacionalismo catalán- siga pendiente, ese acuerdo con Coalición Canaria (CC) rompe una peligrosa dinámica de emulación abierta por los posibles socios del PP, que habían declarado una auténtica carrera por ver quién encarecía más sus votos.Este acuerdo hace que sea prescindible numéricamente -otra cosa es la conveniencia política- el apoyo del PNV para la investidura. El escenario queda así despejado. En su centro quedan solos los dos protagonistas del acuerdo en ciernes: Aznar y Pujol. Es decir, Pujol. Es él quien tiene que decidir si apoya al otro o asume la responsabilidad de una convocatoria electoral anticipada.

Las dificultades invocadas por el presidente catalán en los primeros momentos tras las elecciones no eran ficticias. Las urnas le habían puesto ante el dilema de apoyar a un partido que, de haber obtenido la mayoría que esperaba, prometía limitar el poder de los nacionalismos periféricos. Esa paradoja no impide que haya más motivos para el entendimiento que para la ruptura. Sectores muy influyentes en Cataluña apuestan por el acuerdo. Sobre todo porque la alternativa, la convocatoria de elecciones anticipadas, es la peor de las opciones para todos.

La paradójica posición del nacionalismo catalán explica una estrategia negociadora agresiva. La justificación es que sólo si obtiene seguridades -que es algo más que contrapartidas- podrá votar la investidura de Aznar. Seguridades de que el PP no utilizará ese poder al que accede con el concurso de los nacionalistas para intentar cortar la hierba bajo los pies de éstos. Esa aspiraciónde Pujol es lógica. No lo sería, en cambio, pretender aprovechar los problemas concretos de la investidura de Aznar para plantear proyectos unilaterales de hondo calado y cuya necesidad no es evidente para la mayoría de los españoles, Al menos, no con la urgencia a que obligaría el acuerdo político entre CiU y el PP.

Seguramente es conveniente retocar el modelo de financiación autonómica y tal vez también otros aspectos del sistema de distribución territorial del poder. Pero ello ya era igual de necesario (o de superfluo) antes de que las urnas produjeran un resultado que concede a Pujol un poder más que proporcional al de sus votos. Las propuestas de reforma confederal del Estado, de avanzar hacia un federalismo, simétrico o asimétrico, o hacia un modelo canadiense pueden ser dignas de consideración. Pero las decisiones que al respecto se adopten no podrán ser el resultado de que Aznar necesite los 16 votos de CiU. Puede que se trate sólo de movimientos de estrategia negcciadora.: proponer lo más para obtener lo razonable. Pero si fuera algo más, conviene decir que una negociación para el voto de investidura no es el marco ¡adecuado para plantear tales cosas.

Sin embargo, no es cierto que el PP carezca de margen para llegar a acuerdos con los nacionalistas. Es verdad que- durante tres años el discurso ha sido de descalificación burda. Sin embargo, el programa, electoral del PP contiene elementos que lo hacen compatible con algunas de las aspiraciones nacionalistas. Por una parte, la oferta de culminar el traspaso de competencias pendientes con las comunidades del artículo 151: algo central en las reivindicaciones del PNV. Por otra, la propuesta de un sistema estable de financiación basado en la corresponsabilidad fiscal que garantice la suficiencia financiera de las comunidades, como reclama el nacionalismo catalán. Hay más coincidencia de lo que. suele pensarse entre la visión de Pujol sobre una mayor correspondencia entre la contribución de cada comunidad y su capacidad de gasto y los criterios de eficiencia competitiva del programa del PP. El principio de favorecer a las comunidades económicamente más dinámicas podría ser compartido por PP y CiU si los mecanismos de compensación garantizan un mínimo homogéneo en la prestación de servicios.

La oferta del PP que ayer estudiaba la plana mayor de CiU contempla la cesión a las autonomías del 30% del IRPF, con una fórmula que permitiría una introducción de criterios de corresponsabilidad en la recaudación -algo inexistente hasta ahora-. La discusión entra así en terrenos cuantificables, lo que permitirá juzgarla con criterios racionales. Es mejor que sea así.