"Altos cargos" de Interior y Exteriores pararon la extradición de un terrorista

El Gobierno rehusó pedir a Venezuela la extradición de Jesús Ricardo Urteaga Repollés, dirigente de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, porque "altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio del Interior acordaron en su día, por razones políticas, no dar curso" a tal solicitud. Así lo certificó en 1990 ante el juez Carlos Bueren el entonces director general de Asuntos Consulares, Herminio Morales Fernández, actual embajador en Filipinas. Pese a eso, el Consejo de Ministros acordó el 25 de enero de 1991 tramitar la extradición, sin que se sepa qué sucedió después. El antiguo activista vive en Maracay (Venezuela).

La Fiscalía de la Audiencia Nacional aclaró ayer que el protagonista de este caso fue Urteaga y no Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, también antiguo miembro de los Comandos Autónomos, como informó el pasado lunes la propia fiscalía.Urteaga y Barrutiabengoa figruran en el sumario 143/80 por el atentado que el 21 de noviembre de 1980 costó la vida al guardia civil Aurelio Prieto, al ser ametrallado su convoy junto a la ermita de Izaskun, en Tolosa (Guipúzcoa). El hecho de que ambos aparezcan en el mismo sumario propició la confusión de la fiscalía.Urteaga fue detenido en marzo de 1984. en Francia, desde donde fue deportado a Venezuela a petición de las autoridades españolas. Probablemente esta decisión »se debiera a que el Gobierno se hallaba en esos momentos en conversaciones con los Comandos Autónomos Anticapitalistas con el fin de acabar con las actividades terroristas de esta organización, según fuentes antiterroristas.El 25 de enero de 1988, Urteaga fue detenido en Maracay (Venzuela), cuyas autoridades comunicaron al Gobierno español que sólo podrían mantenerlo retenido durante ocho días, salvo que hubiera una petición de extradición.

Justo al cumplirse ese plazo de ocho días, el presunto terrorista quedó libre. Pese a eso, el Ministerio de Justicia trasladó a la dirección general, de Asuntos Consulares, el 22 de febrero de 1988, la solicitud del juez Bueren para que Urteaga fuera entregado a España. Dos meses después, el Gobierno de Caracas comunica que se da por enterado de que España había retirado la demanda de extradición, lo que posiblemente e hizo mediante una nota verbal.

El juez insiste

El juez Bueren requirió en 1990 información sobre el asunto, al pasar el tiempo y no saber en qué punto se hallaba la demanda de extradición del supuesto asesino del guardia civil Aurelio Prieto. El director general de Asuntos Consulares, Herminio Morales, envió entonces al juez una certificación fechada el 22 de octubre de 1990 en la que señalaba que había "razones políticas" para. no tramitar la demanda de extradición.Con posterioridad, el juez de la Audiencia Nacional volvió a insistir en la conveniencia de pedir la extradición de Urteaga, ante lo que el Consejo de Ministros del 25 de enero de 1991 decidió acceder a ello y así se lo comunicó a Bueren, seis días más tarde, según fuentes de Justicia e Interior. Éstas no han podido precisar qué ocurrió después. El antiguo miembro de los Comandos Autónomos reside actualmente en Maracay, según informaba ayer el diario Abc.

España y Venezuela suscribieron un tratado de extradición en 1988, ratificado en diciembre de 1990, que prevé que el Estado demandante pueda cursar. la detención preventiva de una persona por vía diplomática.

Según fuentes de la lucha antiterrorista española, en Venezuela hay "acreditada" la presencia de 39 antiguos activistas, junto con muchas de sus esposas, mientras que de otros 15 solamente hay la creencia" de que están en dicho país.

El Gobierno de Caracas señaló ayer Venezuela hay ayer que en 25 refugiados políticos vascos que entraron en el país a partir de 1984, durante los mandatos de Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi. Según Rafael Rivas Ostos, director de la policía de seguridad del Estado DISIP, los presuntos etarras se presentan mensualmente antes las autoridades, "se portan bien" y no hay constancia de que hayan cometido ningún delito en ese país, informa Ludmila Vinogradoff. El ministro de Relaciones Interiores, José Guillermo Andueza, "Venezuela no tiene motivos para sacar del país" a esos españoles.

Eduardo Fungairiño, teniente fiscal de la Audiencia Nacional, se mostró dispuesto a estudiar la, petición de extradición de Eug9nio Barrutiabengoa, Miguel Angel Aldana Barrena y Juan Carlos Arriarán, tras la información aportada en estos casos. por la Asociación Víctimas del Torrorismo.