El juicio a Conde

DIECISIETE MESES después de haber iniciado las diligencias, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón concluía ayer el sumario del caso Banesto. Se abre ahora un periodo de 30 días para solicitar calificaciones de cara al juicio oral, cuyo auto de apertura será dictado con toda probabilidad en mayo. En ese auto debe fijar el juez instructor sus conclusiones sobre las responsabilidades penales exigibles a Mario Conde y a los restantes imputados. Las dimensiones del caso quedan reflejadas por los citados 17 meses de investigación, los 213 tomos de diligencias y los casi 85.000 folios que componen el sumario.Entra, por tanto, el caso en su fase determinante. En los 17 meses transcurridos desde la presentación de la querella por parte del fiscal Florentino Orti ha habido toda suerte de episodios procesales, que tuvieron seguramente su punto de máximo interés informativo con motivo de los autos de ingreso en prisión del principal querellado, Mario Conde, y su lugarteniente Arturo Romaní por varios presuntos delitos de estafa y apropiación indebida.

Los hechos desvelados primero por la querella y luego por la investigación judicial. han permitido elaborar unas conclusiones provisionales

eue: se pone de manifiesto la presunta utilización de la presidencia de Banesto por parte de Mario Conde para incrementar su patrimonio en detrimento del banco. Sobre él y buena parte de sus más directos colaboradores penden las acusaciones de estafa, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas. El último tramo de la investigación sumarial ha llevado al juez a ampliar la relación de imputados con la incorporación de Eugenio Martínez Jiménez. En sus conclusiones, el instructor añade que está pendiente: de recibir las conclusiones de la comisión rogatoria practicada en Suiza, lo que podría conducirle a practicar nuevas acusaciones.

En cualquier caso, debe ser en el juicio oral donde se determinen las responsabilidades de cada uno. Por ahora sólo cabe valorar el trabajo de investigación realizado por el juez, la Policía Judicial y los peritos. Las conclusiones provisionales apuntan que el anterior equipo gestor de Banesto generó un agujero de más de 600.000 miillones (le pesetas en la entidad (lo que obligó al Banco de España a intervenir Banesto y a destituir a su Consejo de Administración) y que muchos de sus integrantes se lucraron personalmente con cantidades ingentes.

Conde no ha cejado, durante el proceso, de mover sus piezas. Ha tratado repetidamente de que el juez García-Castellón fuera desposeído del caso para que pasara a Miguel Moreiras. El Consejo General del Poder Judicial, que se encuentra en una situación de virtual desmantelamiento tras las últimas dimisiones, debe decidir el 27 de abril si amplía una vez más el plazo de seis meses dado a, García-Castellón para que siga la instrucción. De no hacerlo, el caso recaería en el juez Moreiras.

En todo caso, el tiempo ha jugado en contra de Conde. Las minuciosas investigaciones de García-Castellón han reforzado las sospechas e indicios delictivos contra el ex presidente de Banesto y su equipo. A la espera del juicio y la sentencia, de momento sólo cabe la satisfacción de comprobar que la justicia se ha impuesto a innumerables intentos de entorpecerla por parte de gentes extremadamente poderosas. Es, por tanto, un hecho que debe saludarse y reforzar la confianza, de la sociedad en la justicia española.