Déficit y empleo

EL INSTITUTO Monetario Europeo (IME) y el Banco de España han lanzado, en sendos informes emitidos el mismo día, una misma recomendación: el déficit presupuestario es el principal adversario a combatir por la política económica y su reducción debe acelerarse, evitando las tentaciones gradualistas. Los gobernadores de los bancos centrales de la Unión Europea insisten en que el proceso de consolidación fiscal es beneficioso por sí mismo y que nadie debe escudarse en una coyuntura de desaceleración puramente "transitoria" para evitar hacer los desagradables deberes de control y reducción del gasto público.Ciertamente, pocos responsables públicos -que sean realmente responsables- dudan hoy que el rigor presupuestario y en general la política de convergencia diseñada para el acceso a la moneda única sean requisitos indispensables para un crecimiento económico saneado y, en consecuencia, para crear empleo. Pero el IME no puede cerrar los ojos a otra realidad. El actual menor ritmo de crecimiento no justificará el abandono de la política de rigor, como coherentemente sostiene, pero sí complica políticamente su puesta en práctica. Una cifra de crecimiento superior al 3% permite absorber mejor el control del gasto, optar por cadencias socialmente asumibles y convencer más fácilmente a la ciudadanía de que los sacrificios son posibles y eficaces. Porque si es cierto que el enemigo inmediato de la política económica es el déficit, el drama percibido en primer lugar por los ciudadanos europeos es el desempleo. Y aunque a largo plazo la consolidación fiscal acabe redundando en la creación de condiciones más sólidas para generar puestos de trabajo, a corto plazo es desde luego más discutible.

De modo que la perspectiva trazada por los guardianes de la ortodoxia monetaria plantea, más allá del evidente acierto de su enfoque general, el interrogante de si es suficiente como para convencer a sus destinatarios, quienes a la preocupación por el empleo ven sumarse crecientes nubarrones sobre el colchón construido por el gasto social, es decir, por lo que se ha dado en llamar el "modelo social europeo". La situación no da para alegrías, pero la acumulación de tristezas acaba también mellando la confianza -en términos, por ejemplo, de consumo privado- y repercutiendo sobre el ritmo del crecimiento.

Por eso es importante que tanto la reciente cumbre europea de Turín como la del G-7 en Lille hayan vuelto a destacar la necesidad de las políticas activas sobre el empleo, conscientes de que no pueden ni sustituir ni contradecir el marco general de la convergencia económica. De Lille, más que la retórica chiraquiana sobre la defensa del modelo social europeo -que esconde al tiempo un enfoque populista y el resquemor al libre comercio internacional- conviene retener tres urgencias: la flexibilización del mercado laboral, el incremento de las inversiones en formación y la necesidad de rebajar los costes sociales indirectos del empleo. Encontrar el equilibrio adecuado en cada país y en cada momento entre rigor presupuestario y políticas activas, ése es el gran desafío del momento.