El juez del 'caso De la Rosa' pide información para saber si Aciesa blanqueó miles de millones

El juez instructor del caso De la Rosa, Joaquín Aguirre, está centrando su atención sobre la sociedad Aciesa, utilizada para el pago de comisiones en la operación de compra de la antigua sede de Grand Tibidabo por la Generalitat y sospechosa de haber servido para blanquear varios miles millones de pesetas. El juez ha enviado requerimiento de información a cuatro bancos -Sindibank, Lloyds Bank, Comercio y Banesto- a fin de comprobar la veracidad de la contabilidad de la empresa, requisada durante un registro policial. En relación con el caso, el ex jefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet ha sido designado perito por los responsables de Aciesa.

La providencia, dictada por el juez Aguirre el pasado día 28, exhorta a las cuatro entidades financieras a que en el plazo de 15 días remitan información de Aciesa en relación a: movimientos en las cuentas bancarias, cargos y abonos con su correspondiente soporte documental, identificación de los remitentes y de los receptores del dinero y sobre los beneficiarios finales.Actualmente, peritos de Hacienda están elaborando por orden del juez un informe sobre la sociedad. El administrador de Aciesa, José María Massó, por su parte, ya ha nombrado sus peritos para realizar un informe de parte. Uno de ellos es Josep María Huguet Torremadé, hasta septiembre de 1994 inspector jefe de Hacienda en Cataluña, cargo que ocupaba desde 1986. Esta designación ha levantado no pocos comentarios entre fuentes judiciales y asesores fiscales, que han recordado que durante muchos años las empresas de De la Rosa no han tenido, a pesar de su notoriedad y de los escándalos que han acabado protagonizando, ningún problema serio con la inspección de Hacienda.

Las mismas fuentes han recordado, además, la estrecha relación de amistad existente entre el asesor fiscal y durante años abogado mercantil de De la Rosa, Juan José Folchi, con Huguet. Éste último tuvo a sus órdenes, como inspector jefe de Barcelona, a Ramón Lanau, que acabó trabajando para el penalista de De la Rosa, Joan Piqué Vidal. Lanau ha estado relacionado con la investigación judicial del caso Fibanc. El segundo perito designado por Aciesa es Jorge Sopena Gil.

El juez Aguirre localizó la documentación de Aciesa en diciembre de 1994, durante el registro de un despacho en la calle Consell de Cent de Barcelona. Gracias al hallazgo se descubrió que la sociedad había sido utilizada para justificar el cobro de 300 millones de pesetas en comisiones por la venta de la sede de Grand Tibidabo a la Generalitat.

En realidad, los papeles justificando el cobro eran un montaje pues en realidad el dinero había ido a parar al diario convergente El Observador, promovido por el ex secretario general de la Generalitat, Lluís Prenafeta, y el principal abogado de De la Rosa, Joan Piqué Vidal. La misma documentación reveló que Aciesa había cobrado decenas de miles de millones de pesetas en comisiones al Grupo Torras y sus empresas filiales durante la época en la que De la Rosa había sido vicepresidente ejecutivo. Precisamente, Aciesa está embargada por orden de la Corte Comercial de Londres en la causa por 500 millones de dólares presentada por Torras contra De la Rosa y otros ex gestores del grupo.

En teoría, Aciesa invertía el dinero recibido por las comisiones en diversos títulos de deuda pública en los bancos a los que se ha dirigido el juez para recabar información. Aguirre trata ahora de comprobar si esos datos son ciertos.

Dada la importancia de las operaciones realizadas a través de Aciesa, fuentes judiciales no descartan que el magistrado separe estas investigaciones y cree una causa aparte, a fin de no retrasar la instrucción global, en la que el principal implicado es Javier de la Rosa, en libertad bajo fianza de 1.000 millones de pesetas y acusado de los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad.