Malestar contra Bueren en la Audiencia Nacional

La Fiscalía de la Audiencia Nacional y el juez Baltasar Garzón se encuentran muy molestos por la actuación del magistrado excedente Carlos Bueren en el caso Lasa-Zabala. Tanto es así que incluso la Fiscalía considera los hechos como "muy graves", habla de "negligencia" y está estudiando qué medidas adoptar al respecto.Los hechos son que Bueren solicitó a las autoridades francesas, en agosto de 1995, los casquillos de bala de todos los sumarios abiertos en Francia por atentados de los GAL para contrastarlos con los presuntamente utilizados en los asesinatos de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en 1983. Los franceses remitieron los casquillos respecto de dos casos, el del asesinato de Ramón Oñaederra, Kattu, ocurrido en Bayona (Francia) el 19 de diciembre de 1983, y cuyo sumario investiga Garzón, y el de los asesinatos de Vicente Perurena, Peru, y Angel Gurmindo, Stein, ocurrido en Hendaya el 8 de febrero de 1984, que también, investiga Garzón.

Bueren encomendó a la Guardia Civil un informe pericial sobre los mismos. Tanto la petición de los casquillos como la del informe o el resultado del mismo -que fue negativo- no se notificó a la Fiscalía ni se comunicó a Garzón, quien se enteró de que Bueren tenía los casquillos cuando él mismo los pidió a las autoridades judiciales francesas. El 17 de octubre de 1995 los franceses informaron a Garzón que los casquillos estaban en España, en el juzgado central número 1. Lo que ocurre es que el sumario de Lasa-Zabala estaba declarado secreto en aquel momento.

La Fiscalía está molesta porque no fue informada de la petición de los casquillos a los franceses, ni de la llegada, ni del informe pericial sobre los mismos. Critica que este dictamen se encargase a la Guardia Civil porque las sospechas del asesinato de Lasa y Zabala recaían sobre efectivos de dicho instituto armado y, sin poner en duda la profesionalidad y honorabilidad del personal encargado de hacer el informe, recuerda que la mujer del César debe ser honrada y además parecerlo.

También considera que ha podido haber negligencia en un registro practicado en un antiguo domicilio del ex sargento de la Guardia civil Enrique Dorado Villalobos, uno de los principales sospechosos de haber intervenido en las muertes de Lasa y Zabala. La Fiscalía considera que si Bueren no encontró lo que buscaba en un domicilio anterior del ex sargento podría haber registrado el domicilio actual, -"uno viaja siempre con sus calzoncillos puestos", afirma un fiscal- y no que haya tenido que hacerlo Garzón varios meses después y en otro sumario distinto.

No se han perdido pruebas

Bueren declaró ayer, desde el bufete en el que ahora trabaja, a este periódico que su actuación, desde el punto de vista de la instrucción del sumario ha sido correcta. Añadió que no se han perdido ni pueden perderse pruebas, porque incluso, en el peor de los casos, en Francia siguen existiendo originales de casquillos e informes periciales balísticos sobre las muestras de casquillos que enviaron.

El magistrado excedente señaló que fue la Guardia Civil la que le solicitó la diligencia y la que consiguió gestionar que los franceses entregaran los casquillos, y no la policía. Por eso, se encomendó el primer informe a la Guardia Civil, sin que ello quiera decir que no se fueran a encargar otros informes a los restantes cuerpos policiales que tienen gabinete, como la Policía y la Ertzaintza. También agregó que si no se informó a Garzón cuando se recibieron los casquillos es porque el sumario estaba secreto, aunque no para el fiscal.

Garzón es juez sustituto en el juzgado de Bueren desde que éste cesó. El pasado 4 de marzo, en calidad de juez del caso Oñaederra, pidió oficialmente al juzgado de Bueren los casquillos del atentado. El 19, como juez sustituto, acordó remitir al sumario de Oñaederra los casquillos y el informe pericial elaborado por la Guardia Civil. Además, ordenó el registro del actual domicilio de Dorado Villalobos, después de que el confidente Pedro Luis Miguéliz, Txofo, le contase que Dorado guardaba documentación en un ordenador.

Fuentes próximas al juzgado de Bueren señalaron que Txofo nunca contó a Bueren la existencia de documentos, por lo que difícilmente podría buscarlos.

Por otro lado, ayer se ordenó cancelar la escolta al magistrado excedente, si bien fue revocada antes de hacerse efectiva.