Excusatio non petita

Los tres peritos designados por el decano del Colegio de Economistas de Madrid en el caso Banesto -Leandro Cañibano, Joaquín Díez Fuentes y Miguel Angel Garrido- se han sentido molestos por una información publicada en éste periódico sobre sus informes, y la ratificación de los mismos en vanas sesiones en el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional. Por esa razón han querido "rectificarlos" según reza, un carta publicada el pasado miércoles en EL PAÍS.Se supone que cuando uno rectifica debe exponer, como mínimo, lo que se decía en el artículo en cuestión y que se pretende enmendar. Sin embargo, los peritos rectifican aquello que "dicen" que dice mi información, cuando en realidad no es así. Como el lector no puede ni tiene por qué memorizar las informaciones y artículos, este tipo de rectificación puede ser un instrumento de confusión.

1. Dicen los peritos: "No es cierto que nuestro nombramiento se haya efectuado a dedo por los querellados [Mario Conde y compañía]".

Decía la información de EL PAÍS (16 de marzo): "Los tres peritos fueron designados a dedo, según rezaba la propuesta del entonces abogado de Mario Conde, Mariano Gómez de Liaño... No hubo insaculación o rito de extraer al azar los nombres de una lista... Era el decano del Colegio quien debía hacer la designación".

2. Dicen los peritos: Agradecemos el valor que el articulista atribuye a nuestro informe, que lo valora en 100 millones... El importe percibido no es, desafortunadamente para nosotros, tan elevado como el valor que el citado comentarista atribuye a nuestro informe".

He aquí la información: "Entre abogados, auditores y banqueros se le conoce con un nombre sugestivo el 'Informe 100'... La cifra de 100 millones es contestada por fuentes amigas de los autores. Dicen que son 54".

3. Los peritos afirman: "Por lo que se refiere al procedimiento de cobro y a las fuentes originarias destinadas a nuestra retribución hemos actuado en todo momento de acuerdo con las instrucciones recibidas por el magistrado-juez, que nos fueron comunicadas por medio de la secretaria judicial. El firmante del artículo puede dirigirse a ellos en solicitud de las aclaraciones que estime oportunas".

Según la información cuestionada "a primeros de septiembre, Mariano Gómez de Liaño intentó vender gato por liebre: propuso hacer llegar el dinero al juzgado y que fuera éste quien pagase a los tres pobres economistas. ¿Por qué? Hombre, la opinión pública no daría credibilidad a unos informes pagados por Mario Conde. Razón no le faltaba".

4. Los peritos explican: "En cuanto a la afirmación relativa a ocultaciones o mentiras por nuestra parte, queremos pensar que es producto de una falta de reflexión de quien las emite. Nosotros podemos cometer errores como cualquier otro ser humano, pero nunca ha sido nuestro propósito mentir ni ocultar".

La información decía: "Los peritos intentaron ocultar un hecho relevante sobre la vinculación entre Mario Conde y su presunto grupo oculto Euman-Valyser... La mentira existe en el sumario una primera carta de garantía de 20 de julio de 1990 que apoyó la petición de un préstamo de 300 millones al Banco de Progreso, según advirtió éste periódico el sábado 9- tuvo patas cortas... El miércoles 13, a regañadientes, los peritos dijeron: 'Evidentemente sí existe".

Los peritos afirman que se pueden "cometer errores como cualquier ser humano" y que "nunca ha sido su propósito mentir o ocultar". Esto, indudablemente, parece aceptable. Tanto como que éste periódico advirtiera el hecho.

En Derecho, cuando justifica algo que nadie le ha pedido, se suele decir: "Excusatio non petita, acusatio manifesta". Nadie dijo que los querellados hayan nombrado a dedo a los tres peritos a través del Decano del Colegio de Economistas de Madrid. Según la propuesta de Conde, los peritos debían ser designados por el decano, Gerardo Ortega. La carta enviada por éste al juzgado, de fecha 30 de agosto de 1995, demuestra que así se hizo.

Aunque los peritos mencionan una información de éste periódico del 1 de febrero parecen ignorar que se daba cuenta en ella de un acontecimiento evocado más tarde en el artículo presuntamente objeto de rectificación. Se trata de la visita de los peritos, a primeros de septiembre, a la secretaria del juzgado, Paloma Salcedo de Mingo.

Tomaron asiento en su despacho y le pidieron una provisión de fondos para iniciar su trabajo. Una morena, elegante y tranquila secretaria les dijo que se trataba de un peritaje de parte y que los fondos debían pedirlos a quienes habían solicitado el traba o. Eso hicieron.

Y, poco después, Mariano Gómez de Liaño se presentó en ese despacho. Tenía una excelente idea: se pondría a disposición del juzgado los fondos para que éste fuese quien pagara a los peritos. La secretaria dijo que no podía ser. El juzgado no podía pagar algo que no había encargado. Gómez de Liaño: el informe perdería credibilidad al ser vox populi que los querellados lo pagaban.

No deja, pues, de tener gracia que los peritos remitan ahora al periodista a la secretaria del juzgado.