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El presidente del Poder Judicial disuelve el Consejo al aceptar la división de seis vocales

Pascual Sala, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aceptó ayer las dimisiones presentadas por seis vocales, con lo que en la práctica disuelve el órgano de gobierno de los jueces, que se queda con 11 vocales, tres menos de los necesarios para celebrar plenos, en los que se toman las decisiones más importantes. El único órgano decisorio será ahora la comisión permanente, por lo que es necesario que las Cortes constituidas ayer renueven el CGPJ, decisión pendiente desde noviembre. Sala comunicó ayer su decisión a la Casa Real y a los presidentes del Congreso, Federico Trillo, y del Senado, José Ignacio Barrero, ambos del PP, con quienes se reunirá esta mañana.

La aceptación de las dimisiones disuelve de hecho el CGPJ, decisión no prevista constitucional ni legalmente, pero a la que se ha llegado por el retraso en la renovación y el progresivo deterioro de la institución. La conducta irregular del polémico Luis Pascual Estevill, apoyado por el sector conservador, ha contribuido también ala crispación del CGPJ. Sala explicará hoy personalmente a Trillo y Barrero "las causas que han conducido a la aceptación de tales renuncias y a la situación actual del Consejo".El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín Almunia, anunció anoche que planteará al PP la urgente renovación del CGPJ y anticipó que la mayoría de los grupos parlamentarios coinciden con esta apreciación. Insinuó que, si se retrasa la investidura, deberían elegirse antes los 20 vocales del CGPJ. Miguel Gil, desde la oficina del portavoz del Gobierno en funciones, apeló a la responsabilidad parlamentaria.

Reacciones judiciales

Desde las asociaciones judiciales, mientras que la progresista Jueces para la Democracia felicitó a Sala por formalizar la situación de un Consejo "moribundo" y pidió al Parlamento que lo renueve lo antes posible, la moderada Francisco de Vitoria describió el momento del CGPJ como "desolador, indignante, teatral y fantasmagórico", pero no se pronunció sobre la necesidad de renovación.

En cambio, la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura se mostró contraria a que las Cortes "de prisa y corriendo" renueven el Consejo e insistió en la vieja idea del PP -para la que carece de mayoría- de modificar el sistema parlamentario de elección, de modo que los 12 vocales judiciales los elija la magistratura. Su directivo José Luis Requero calificó anoche al ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, de mentor de toda esta trama".

El presidente del CGPJ considera que "del mismo modo que una vez disueltas las Cortes funciona la Diputación Permanente hasta que se constituyen las nuevas, este Consejo, ya acabado, puede funcionar con la comisión permanente como único órgano decisorio para los asuntos de trámite y urgencia".

Entre estos últimos no figura la designación de magistrados del Supremo, expresamente prohibida por el reglamento de régimen interior, al excluir Ios nombramientos discrecionales y los que requieran una mayoría cualificada".

Entre otras competencias, la comisión permanente decide los, nombramientos de jueces y magistrados que no corresponda. realizar al pleno; acuerda la jubilación forzosa por edad de los mismos -por ejemplo, las próximas de Francisco Soto y Fernando Cotta en la Sala Segunda del Supremo-, y resuelve: sobre la concesión de licencias a jueces y magistrados.

Para que las reuniones de la comisión permanente sean válidas, bastará con que asistan tres de sus miembros. De los seis dimisionarios, sólo Soledad Mestre pertenece a la comisión permanente, por lo que ésta puede funcionar con sus otros cuatro integrantes: El presidente Sala, el vicepresidente José Luis Manzanares (propuesto por el PP), y los vocales Wenceslao Diez Argall (por el PNV) y José Antonio Zarzalejos (por el PP).

Sala se reunió ayer con los seis vocales dimisionarios, cuatro de ellos elegidos a propuesta del PSOE (Juan Antonio Xiol, Ignacio Sierra, Soledad Mestre y Ana Pérez Tórtola), uno del PP (Javier Gómez de Liaño) y otro de IU (Rafael Sarazá). Mestre y Sarazá regresarán a la abogacía. Los otros cuatro se incorporarán a sus plazas judiciales. Dos volverán al Supremo: Sierra como presidente de la Sala Primera de lo Civil y Xiol como magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo. Pérez Tórtola volverá a la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Gómez de Liaño tomará posesión del juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional -en sustitución de Carlos Bueren-, provisionalmente atendido por Baltasar Garzón.

No cambiará la composición de la sala de 'caso GAL'

La pérdida del quórum para celebrar plenos impedirá a este Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designar nuevos magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que enjuiciará el caso GAL, posibilidad acariciada en las últimas semanas por el sector conservador de la judicatura, para romper la composición existente en la misma cuando este asunto llegó al Tribunal Supremo.

La muerte de dos vocales progresistas, la promoción a cargos políticos de otros dos, el regreso a su plaza judicial de otro y la designación como magistrado del Tribunal Constitucional de otro más, no siempre sustituídos, dejaron en manos del sector conservador a un CGPJ que ya no respondía a la mayoría parlamentaria progresista de 1990, cuando fue elegido.

En las últimas semanas, el bloque conservador, para evitar perder votos, ha defendido numantinamente la permanencia en el C'GPJ de vocales como Luis Pascual Estevill, contestado por su conducta intimidatoria para los jueces de Cataluña y por las varias querellas que le acusan de prevaricación o fraude a la Hacienda Pública.

Con el voto de Estevill es probable que el pleno designara magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo a Ángel Calderón, con menos experiencia como juez penal que la mayoría de los otros 14 candidatos, pero con el apreciado mérito de ser portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), brazo político del sector conservador capitaneado por el vicepresidente del CGPJ, José Luis Manzanares. No es extraño que sólo la APM calificara anoche la decisión de Pascual Sala como "un desafío a la soberanía popular" y que su directivo José Luis Requero invocara "el fantasma de la Sala Segunda del Supremo".

La no celebración de más plenos impedirá que sea designado Calderón en sustitución de Manzanares, quien regresará a la sala segunda, una vez que sea renovado el CGPJ. También regresará a esa sala el progresista Gregorio García Ancos. El magistrado que le sustituye, Cándido Conde-Pumpido Tourón, cubrirá la vacante que el 18 de abril deje Francisco Soto, al jubilarse.

Así pues, la imposibilidad de celebrar plenos dejará la sala segunda como está hasta que el 22 de mayo se jubile su presidente, Fernando Cotta. Esta vacante será ya probablemente cubierta por el nuevo CGPJ.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de marzo de 1996

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