El Supremo anula un trasvase a Murcia aprobado hace dos años

El Tribunal Supremo ha anulado la concesión de un trasvase de socorro de 35 hectómetros cúbicos aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de mayo de 1994. El trasvase de agua desde la cabecera del Tajo al Segura se consumó y dio origen a uno de los episodios de la guerra del agua más dramáticos de la pasada sequía en la que participaron el Gobierno socialista y el sindicato de regantes del Segura por un lado, frente al Ejecutivo de Castilla-La Mancha, presidido por el también socialista José Bono.

La sentencia, no recoge ninguna posibilidad de resarcimiento para la Junta de Castilla La Mancha por el agua indebidamente trasvasada y no menciona que el organismo que preside José Bono lo haya solicitado, por lo que la anulación del acto administrativo no genera, por sí misma, derecho a indemnización, informa Julio Martínez Lázaro.Según fuentes del Tribunal Supremo, el valor de la sentencia "es testimonial, pero indicativo de cómo el Gobierno tiene que hacer las cosas en el futuro". Las citadas fuentes añadieron que la sentencia explica que el Gobierno pudo haber ordenado el trasvase de los 35 hectómetros cúbicos mediante un decreto-ley que luego se podría haber convalidado con una ley, pero lo que no debió haber hecho es aprobar el trasvase mediante un simple acto administrativo acordado en Consejo de Ministros.

Los trasvases aprobados por el Gobierno en el último año han seguido este procedimiento de convalidación parlamentaria.

El alto tribunal rechaza los argumentos de excepcionalidad como la concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, sopreexplotación grave de acuíferos, sequía extraordinaria o estado de necesidad y urgencia, en expresión del Abogado del Estado.

En la sentencia se hace expresa referencia a que el trasvase únicamente podía llevarse a efecto sobre aguas excedentarias. Esto supone que nunca será posible jurídicamente, mientras permanezca vigente la ley del trasvase Tajo-Segura, trasvasar aguas no declaradas excedentes. Esta calificación no viene definida por la mencionada ley y será objeto de polémica en los debates durante la tramitación parlamentaria del plan hidrológico nacional en la próxima legislatura.

En la Confederación Hidrográfica del Tajo y en el Ministerio de Obras Públicas eludieron ayer comentar la sentencia. "No podemos pronunciamos sin conocerla", afirmaron portavoces de ambas instituciones.

Quien se ha mostrado comedido ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, pese al respaldo contundente que le ha proporcionado el Tribunal Supremo. "Esta sentencia invita a la reflexión y al consenso como fórmula de resolución de los conflictos y no a la imposición. En este país sobran enfrentamientos. Somos los primeros en defender el reparto solidario de las aguas, pero es preciso hacerlo siempre dentro del marco de la legalidad. Aquél trasvase fue un disparate", declaró Bono.

La concesión del hoy anulado trasvase fue precedida de movilizaciones del sindicato de regantes de Murcia para presionar al Gobierno en favor del trasvase.