Los extranjeros rechazan abonar dos millones por mantener la residencia fiscal en Andorra

La pretensión del Gobierno de Andorra de cobrar tasas anuales de un millón de pesetas, más un depósito de otro millón, a los extranjeros que tienen residencia fiscal en el país ha provocado la oposición frontal de este colectivo, formado mayoritariamente por ciudadanos españoles, franceses y británicos. "No es constitucional" afirmó Modest Mayoral, secretario de la Asociación de Residentes en Andorra (ARA), que agrupa a un millar de residentes extranjeros, en su mayoría españoles, En parecidos términos se manifestó Joan Pujol, presidente de la Asociación de Residentes Franceses. Y añadió: "La ley no puede ser retroactiva para los que ya tienen reconocida la residencia fiscal".

El Gobierno envió la semana pasada al Consell General (Parlamento) un proyecto de ley que prevé abrir las puertas del país a 600 nuevos residentes fiscales extranjeros hasta junio de este año. Esta decisión trata de resolver una lista de espera cifrada en torno al medio millar de personas. El Ejecutivo andorrano no concede nuevas residencias fiscales desde agosto de 1992.El Gobierno andorrano -que no tiene mayoría parlamentaria y deberá pactar con la oposición para sacar adelante su propuesta- ha declinado hacer declaraciones sobre las nuevas medidas que ha propuesto.

Las autoridades del país no facilitan datos sobre el número de residentes fiscales extranjeros, pero fuentes financieras calculan que hay unas 8.000 personas en esta situación. Las asociaciones de residentes extranjeros reducen el número hasta 5.000, en función de sus propios asociados, aunque no todos lo están.

Artistas y jubilados

Andorra tiene 60.000 habitantes, de los que la mitad son trabajadores no andorranos. La mayoría de extranjeros que han logrado la residencia fiscal en el país son deportistas, artistas y jubilados.

El representante de la asociación que agrupa a residentes españoles se queja de que el Gobierno no les haya consultado estas medidas. Mayoral añade que deben ser aplicadas a todos los habitantes del país o a ninguno. "Ya pagamos por la sanidad y no Podemos trabajar ni tener negocios"., "Pagar ahora un impuesto por residencia fiscal vulnera al artículo 37 de la Constitución", asegura. Este artículo, titulado De los deberes de los andorranos y los extranjeros, indica: "Todas las personas físicas contribuirán a los gastos públicos según su capacidad económica mediante un sistema fiscal justo ( ... ) fundamentado en los principios de generalidad y de distribución equitativa de las cargas fiscales". Además, a juicio del secretario de la ARA, Ia propuesta del Gobierno no respeta los derechos de los ya residentes".

Una fuente de la oposición que pidió no ser citada afirmó que su grupo se tomará tiempo para estudiar las medidas, pero anticipó que, en su opinión, "lo normal es que los nuevos requisitos no deban afectar a los ya residentes".

El presidente de la Asociación de Residentes Franceses cree que no queda clara "la situación de los extranjeros que ahora tienen negocios en Andorra y utilizan un testaferro [conocidos como prestanoms] como titular del negocio".

Los extranjeros necesitan 20 años de residencia en el país para tener un negocio en propiedad. "Hay mucha gente en esta situación y existe la duda de cómo quedarán ahora",, dice Pujol. Las fuentes consultadas afirman que los andorranos. cobran de 300.000 a 400.000 pesetas al año por aportar su nombre como titular de un negocio.

Un experto fiscal califica así la pretensión del Gobierno: "Es dar una solución a la larga lista de espera de personas que quieren la residencia fiscal, pero pagando". "Muchos residentes tendrán que hacer cuentas para ver si les interesa pagar un millón cada año".

El Ejecutivo andorrano, a cuyo frente se encuentra Marc Forné, ha previsto varios tipos de situaciones. Por una parte, quiere empezar a cobrar a partir de este año por los nuevos permisos de residencia fiscal. Y por otra, pretende que quienes ya la tienen reconocida empiecen a pagar a partir del año 1999.El depósito de un millón de pesetas sería recuperable al abandonar la residencia fiscal, aunque las autoridades se reservan la posibilidad de descontar de aquella cifra las cantidades que se adeuden a la Administración.

Los jubilados que ya tienen la residencia fiscal quedarían exentos de estas medidas y los que la obtengan a partir de ahora deberían cumplir sólo con el requisito del depósito. Fuentes consultadas afirman que: la exclusión del colectivo de jubilados puede obedecer al deseo de mantener activo el sector inmobiliario, que se nutre en gran parte de éstos y de los trabajadores extranjeros.

Andorra está considerado por el Gobierno español un "paraíso fiscal". En un informe que realizó en 1991, el Ministerio de Economía y Hacierida español calificó así al país pirenaico junto a otras 47 naciones. Andorra es un país con pocos impuestos. Sus residentes no pagan impuesto sobre la renta ni sobre sociedas. Los rendimientos de las cuentas bancarias no tienen retención y tampoco tributan, pero los extranjeros con res¡dencia fiscal deben pagar impuestos en su país por todos los ingresos que obtienen allí. La Administración obtiene la mayor parte de sus ingresos de los impuestos que gravan las importaciones, el consumo y la construcción de viviendas.

Las condiciones para tener derecho a la residencia fiscal son: acreditar que se vive al menos 183 días al año en el país, disponer de vivienda propia o en alquiler, justificar que se tienen ingresos para residir "sin ejercer ninguna actividad laboral o profesional y tener contratado un seguro de enfermedad, invalidez o vejez". El permiso podrá ser anulado por faltas de orden público, impago de cuotas o ejercer una actividad remunerada.