Deber del Parlamento

EN LA situación de crisis en que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), agravada por el caso Pascual Estevill, y que el próximo miércoles vivirá un nuevo episodio por el pleno convocado por el vicepresidente en funciones, José Luis Manzanares, una de las tareas más urgentes del nuevo Parlamento que se constituya el día 27 es la de proceder a la renovación de sus vocales. La postura mantenida en este sentido por el presidente en funciones del Consejo, Pascual Sala, responde a una lógica institucional difícilmente rebatible. El portavoz del Grupo Socialista ha manifestado su disposición a negociar de inmediato la renovación pendiente. La búsqueda de Candidatos al CGPJ por parte de los grupos parlamentarios es perfectamente compatible con los contactos tendentes a la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno. Las dificultades que puedan surgir en una de estas tareas no tienen por qué repercutir en la otra. Es constitucionalmente improcedente hacer comparaciones entre instituciones que, como la presidencia del Gobierno o el Consejo General del Poder Judicial, encuentran su legitimidad en el Parlamento.Precisamente, una de las circunstancias que han contribuido en estos años al descrédito del Consejo es la tendencia de los grupos políticos a considerar sus responsabilidades para con esta institución como de segundo orden. Y de hecho, desde el pasado mes de noviembre, en que el actual CGPJ concluyó su mandato de cinco años, los partidos políticos han supeditado su deber de renovarlo a otros que han debido considerar más urgentes. Sería un escándalo que una vez constituido el Parlamento, y al margen de que exista ya, un nuevo Gobierno o siga en funciones el actual, ese deber se pospusiera de nuevo en nombre de cualquier argumento.

Es cierto que la renovación en tiempo y forma del CGPJ no basta para acabar con las problemas de identidad y de funcionamiento que aquejan, a esta institución desde su nacimiento. Es preocupante que quince años después de su creación sigan sin definirse claramente sus funciones y competencias; que se desconozca si sus miembros están o no sujetos a algún tipo de responsabilidad política en el ejercicio de sus funciones; o que apenas se sepa nada de la naturaleza de sus relaciones con los otros poderes del Estado, especialmente con el Parlamento. Podría decirse, sin exageraciones, que es la propia concepción constitucional del Consejo General del Poder Judicial la que está en crisis. O al menos que no ha encontrado facilidades para afianzarse en el conflictivo espacio institucional que le es propio, a caballo entre la justicia y la política.

Pero esos problemas se agravan si el Parlamento somete al CGPJ a largos períodos de interinidad que socavan su legitimidad y su prestigio. Que en estos momentos un vocal bajo graves sospechas de corrupción siga en el Consejo es culpa, sobre todo, de los vocales que no lo han impedido con su voto. Pero hace tiempo que el Parlamento podría haber evitado tamaño despropósito si, en su momento, hubiera procedido a su renovación, imposibilitando que alguien sospechoso de incumplir gravemente sus funciones siga contando con amparo institucional.