Una agencia oficial avisa que el secreto sobre ETA daña la cooperación europea

La Agencia de Protección de Datos (APD), el organismo oficial que vela, por la intimidad de los ciudadanos frente a los excesos de la informática, pidió ayer al Gobierno que reconsidere su acuerdo del pasado 16 de febrero, que clasifi-ca como secretas las informaciones relacionadas con la lucha antiterroristas. El director de la APD, Juan Martín-Casallo, entregó ayer a la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, un informe en el que pide al Consejo de Ministros que modifique o matice su acuerdo.

La agencia advierte que la aplicación de este acuerdo podría perjudicar gravemente la cooperación internacional en materia antiterrorista. España pertenece al grupo de Schengen (del que también forman parte Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, Holanda y Luxemburgo), cuyos socios compensan la libre circulación de ciudadanos con el intercambio de información entre las respectivas policías en base a un banco de datos común.La condición para acceder a este banco de datos es la existencia de una legislación interna que proteja la intimidad de los ciudadanos. Por eso, Italia y Grecia, que no cuentan con esa legislación, no son socios de pleno derecho de Schengen.

La APD advierte que, si el acuerdo del Gobierno afecta a los ficheros policiales sobre delitos de terrorismo, España no podría intercambiar estos datos con las policías europeas, con las consiguientes consecuencias para la cooperación internacional contra ETA. El carácter secreto de los ficheros supone que la agencia no puede controlarlos y que los ciudadanos no pueden reclamar su derecho de acceso, rectificación y cancelación.

El acuerdo del Consejo de Ministros, de cuya existencia dio cuenta ayer El Mundo, aunque equivocando la fecha, es sumamente genérico y consta de dos apartados.En el primero, se declara secreta "la estructura, organización, medios y técnicas operativas de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha antiterrorista; así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas". En el segundo, se clasifican como secretos los ficheros de datos sobre terrorismo que cree la Administración Penitenciaria.

Secretos autonómicos

En opinión de la APD, es incorrecto asimilar la lucha antiterrorista a la seguridad del Estado, pues esta última es una competencia exclusiva, mientras que la primera se comparte con la Ertzaintza. Para declarar secretos todos los datos relacionados con ETA habría que delegar esta facultad en el Gobierno vasco, lo que impide la Ley de Secretos Oficiales.

Además, según la agencia, el acuerdo dificultará los procedimientos penales relacionados con el terrorismo, al obligar al Consejo de Ministros a desclasificar en cada caso la información facilitada a los tribunales. Finalmente, para la APD, la atribución de carácter secreto a los ficheros de la Administración Penitenciaria resulta inconstitucional, por tratarse de una limitación de derechos sin apoyo legal alguno.

Se da la circunstancia de que la Guardia Civil no ha inscrito, como es preceptivo, sus ficheros de datos sobre terrorismo. Un interpretación amplia del acuerdo del Gobierno eximiría a la Guardia Civil de esta obligación e incluso permitiría retirar los ficheros de la Policía, que ya fueron inspeccionados por la agencia.

La secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, declaró ayer a la Cadena SER que el acuerdo del Consejo de Ministros no tiene carácter retroactivo, por lo que no afecta a las acciones de guerra sucia contra ETA que se han producido en los últimos años.

Además, agregó, este acuerdo no se refiere a las operaciones antiterroristas, sino a la información de que dispongan las Fuerzas de Seguridad del Estado sobre la materia, por lo que no obstaculizará la actuación de los jueces.

Robles aseguró que el acuerdo es genérico y que, para desarrollarlo, hace falta que el Consejo de Ministros clasifique una por una las informaciones que considere oportuno. Si al nuevo Gobierno no le gusta la resolución, agregó, "no tiene más que derogarla y hacer otra diferente".

Lo que el polémico acuerdo hace es, básicamente, ampliar a la Policía y la Guardia Civil otro de 1986, que sólo afectaba al servicio secreto Cesid y que sirvió al Gobierno para negar al juez Garzón los documentos sobre los GAL citados por el ex agente Perote.