El Cesid vetó investigaciones sobre tráfico de armas en las que sospechaba la intervención de Paesa

La División de Economía y Tecnología del Cesid descubrió entre 1987 y 1988 operaciones de tráfico de armas a Irán e Irak en las que presuntamente intervino el colaborador de Interior Francisco Paesa, según oficiales del espionaje que conocieron las pesquisas. Los responsables del área nunca pudieron confimarlo: la dirección de operaciones del Cesid denegó todas las peticiones para abrir líneas de investigación en las que figurara Paesa. El responsable de las investigaciones era Juan Alberto Perote, amigo de un íntimo de Paesa, el ex comisario Francisco Álvarez, ex mando de la lucha antiterrorista. Paesa ha negado su implicación en los envíos y su colaboración con el Cesid.

El área de Economía y Tecnología del Cesid, que dirigía el coronel Fernando de la Malla, descubrió en 1987 y 1988 operaciones de envío de material bélico a Irán y a Irak, entonces en plena guerra. Se trataba fundamentalmente de munición para artillería, morteros y lanzagranadas. Tres empresas españolas fueron vinculadas a las operaciones, alguna de las cuales se realizaba mediante triangulaciones: enviando el material a un país intermediario para burlar la prohibición de hacer llegar armas a los contendientes. En concreto, se detectó que se había falseado documentación sobre el destino último del armamento. Las empresas que supuesta mente enviaron este material eran Esperanza y Compañía, Instalaza y Explosivos Alaveses. Directivos de las dos primeras han negado que sus empresas violaran la prohibición, y no hubo respuesta de la tercera. Sin embargo, al menos Esperanza y Cía, y Explosivos Alaveses ya fueron vinculadas a estas práctica! años atrás.

EL PAÍS informó el 5 de febrero de 1988 que, pese al embargo de venta de armas a Irán e Irak, "empresas españolas privadas como Gamesa, Esperanza y Cía o Explosivos Alaveses ( ... ) siguieron vendiendo productos bélicos a estos países en algunos casos mediante triangulaciones, utilizando como países intermediarios a Líbano, Siria, Jordania o Arabia Saudí, para eludir la prohibición oficial".

El Cesid, a través de la División de, Economía y Tecnología, descubrió no sólo las operaciones, sino a uno de sus presuntos coordinadores y comisionistas: Francisco Paesa. Se detectaron algunas de sus gestiones y contactos, que tenían como plataforma empresas de Barcelona.

"Paesa apareció vinculado a varios de los complicados procesos de compra del material que se necesitaba de cada empresa y, supuestamente, se encargaba de cobrar unas altas comisiones. Por el alto monto de las comisiones, se. llegó a pensar que era una operación oficial, pero no se pudo saber porque no hubo luz verde para investigarlo", afirma una. fuente vinculada al Cesid que conoció con detalle la frustrada investigación. "A partir de ahí, nunca volvimos a meter las narices en los asuntos de Paesa", añade. "Si La Casa no quería investigarlo sólo había dos razones: porque la dirección ya lo conocía o porque la unidad de Perote ya estaba en ello".

Paesa niega estas imputaciones. "No tengo infraestructura para eso. Nunca he hecho operaciones de armas, excepto la compra de 100 pistolas Sig Sauer para infiltrarse en ETA en 1985 [la mitad se desvió a los GAL], y una labor de mediación no retribuida en una venta fallida de armas a Angola", asegura. Él colaborador de Interior afirma que no conoció a Perote hasta el pasado verano, cuando se entrevistó con él "por iniciativa propia" para convencerle de que devolviera los documentos del Cesid.

Únicamente admite que compartía despacho en Ginebra con una persona que sí realizaba tráfico de armas: Georges Starckman. Pero asegura que el destino de esos envíos nunca fue Irán o Irak. Paesa añade que no guarda ninguna amistad hacia Perote por considerar "indigno e inmoral" su chantaje al Estado.

Según fuentes que conocieron la investigación del Cesid, Instalaza, firma zaragozana, suministró lanzagranadas C-90; Explosivos Alaveses, munición de artillería, y Esperanza y Cía, morteros y munición. Explosivos Alaveses, filial de UERT (Unión Española de Explosivos Río Tinto) y Esperanza y Compañía eran citadas en el libro Armas para Irán, publicado en enero de 1988 por periodistas franceses sobre el tráfico ilegal bélico hacia ese país.

Las tres firmas compartían algunos directivos que también formaban parte de Defex, que aglutina firmas privadas y estatales para la exportación de armas, Bofors Expal y Dynamit Nobel Explosives. Casualmente, en el citado libro figuraban como traficantes ilegales de armas la firma sueca Bofors Nobelkrut y la británica Nobel's Explosives Company.

Paesa hizo de mediador en 1992 entre el entonces director de la Guardia Civil, Luis Roldán, y el Gobierno angoleño, que buscaba ayuda militar a pesar de la prohibición internacional para suministrarle material bélico. Un informe secreto militar español sobre las necesidades armamentísticas angoleñas fue filtrado por Roldán a Paesa a través de la empresa de Julián Sancristóbal, ex director general para la Seguridad.