El Consejo de Europa constata que la Guardia Civil torturó a detenidos en relación con ETA

El Comité de Prevención de la Tortura (CPT), dependiente del Consejo de Europa, en un informe confidencial de 1994, considera veraz y probado que la Guardia Civil torturó e infligió malos tratos a varios detenidos en una operación contra ETA realizada en junio de ese año en Guipúzcoa. En ese informe, realizado por sorpresa en junio en plenas elecciones europeas y que el Gobierno español no ha autorizado a publicar hasta hoy, se recomendaba a las autoridades iniciar "sin dilaciones una investigación general de naturaleza profunda e independiente sobre los métodos, utilizados por los miembros de la Guardia Civil cuando retienen e interrogan a las personas" por delitos terroristas.

Los hechos recogidos por el Comité de Prevención de la Tortura se remontan a junio de 1994, cuando la Guardia Civil detuvo en Guipúzcoa a 24 personas, entre ellas los integrantes del comando Kiruli, a las que decomisó armas y explosivos en un camino de Usurbil. El juez Baltasar Garzón encarceló sólo a 5 de los arrestados, muchos de los cuales denunciaron haber sido torturados.El Ministerio de Justicia e Interior no, abrió durante 18 meses una investigación independiente sobre la actuación de la Guardia Civil. Por contra, el grupo creado a tal fin lo componían representantes cualificados del ministerio y altos responsables de la Policía, Guardia Civil, y Asuntos Penitenciarios.

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, ha autorizado la publicación, tras las elecciones generales, de los dos informes realizados por el CPT, entre el 1 y el 12 de abril de 1991 y entre el 10 y el 22 de abril de 1994 y del informe ad hoc (investigación inmediata) del 10 al 14 de junio de ese mismo año. El Comité hará públicos estos tres documentos confidenciales hoy en Estrasburgo.

El CPT consideraba urgente la realización de esta auditoría independiente sobre el respeto a los derechos humanos por parte de los miembros del instituto armado en un país "democrático" como España. "Las actividades terroristas deben recibir una firme respuesta por parte de las instituciones del Estado. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia debe permitirse que dicha respuesta degenere en actos de tortura", se subraya.

La delegación que viajó a España cree además que esos métodos son "erróneos" para obtener pruebas fiables; "degradantes" para los funcionarios que los cometen, y advierte que, "lo que es aún peor, pueden finalmente socavar la misma estructura de una sociedad democrática".

España es el último país miembro de la Unión Europea que ha levantado el secreto sobre estos materiales reservados pese a que firmó en noviembre de 1987 el Convenio Europeo de Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos o Degradantes. Este convenio y su comité sobre la tortura, en vigor en España desde el 1 de septiembre de 1989, tiene como misión fiscalizar el tratamiento dado a los detenidos.

A principios de junio de 1994 el Comité recibió información sobre denuncias de "graves malos tratos" contra detenidos en el País Vasco y Navarra en una operación de la Guardia Civil dirigida por el entonces jefe del cuartel de Intxaurrondo, general Enrique Rodríguez Galindo.

Durante la operación, fueron arrestados entre -el 2 y el 7 de junio de ese año 24 ciudadanos por presunta relación con ETA. 14 de ellos pasaron a disposición del juez Baltasar Garzón, mientras que los otros 10 fueron puestos antes en libertad. Cuando la delegación del Comité decidió actuar de inmediato, siete estaban bajo custodia y seis accedieron a ser entrevistados.

Críticas a Garzón

El comité destaca que el grado de cooperación de las autoridades de Interior fue "excelente", pero no así la del juez Baltasar Garzón, y descalifican la "actitud obstruccionista" de su secretario. La delegación tuvo que esperar ocho horas antes de obtener una información "en ciertos aspectos incompleta".El informe censura también al magistrado Carlos Bueren por exigir una solicitud formal para permitir la entrevista con uno preso incomunicado pese a que el convenio da al comité derecho a entrevistarlos sea cual sea su situación.

Todos los detenidos denunciaron haber sido golpeados. Algunos haber sido sometidos a la bolsa (asfixia mediante una bolsa de plástico en la cabeza). Otros, haber recibido descargas eléctricas, así como ser obligados a realizar ejercicios físicos agotadores y permanecer de pie por un espacio de tiempo prolongado.

El informe refleja que los relatos de los detenidos no eran estereotipados y las denuncias eran "detalladas y coincidentes". Aunque algunas podían ser "exageradas", concluye que "en conjunto parecían veraces". Garzón, en su auto de 21 de julio de 1994, declaró: "No se han infligido malos tratos o torturas a ninguno de los detenidos".

El CPT "no comparte el mismo grado de certidumbre" que el juez y cree que "dicha información es suficiente para despertar una legítima preocupación" por el trato a los detenidos.