Renovados riesgos

Que los resultados electorales no son los mejores para la formación de expectativas sobre la economía española es un hecho. El desenlace del pasado domingo ofrece un escenario en el que la incertidumbre vuelve a ser la protagonista, quedando abierta, cuando menos, una etapa (le interinidad cuya duración es difícil anticipar. Serán los mercados financieros los que acusen en mayor medida esta ausencia de certeza: ese renovado aumento de riesgo, que empezarán a definir los activos financieros denominados en pesetas de forma tanto más intensa cuanto más explícitas sean las dificultades del partido vencedor en las elecciones para garantizar una mayoría estable de Gobierno.Dos conjuntos de consideraciones son relevantes a este respecto, la presunción que acabe conformándose sobre la capacidad del Partido Popular para articular alianzas estables con otros partidos políticos susceptibles de facilitar esa gobernación, y el horizonte temporal al que se referencian buena parte de las decisiones que adoptan los operadores financieros. Sobre la primera, no hay más elementos de juicio que la valoración que al PP le mereció la experiencia llevada a cabo por el PSOE y CiU durante la pasada legislatura y un conjunto de indicios que no facilitan la rápida sintonía de aquél con los principales partidos nacionalistas. La segunda consideración a tener en cuenta nos remite a la demarcación temporal de la legislatura que de hecho establece la fecha del 31 de diciembre de 15197, en la que la tasa de inflación y el grado de aneamiento de las finanzas públicas habrán de validar el grado de aptitud de la economía española para formar parte del grupo de países que habrán de acceder a la tercera y definitiva: Fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Como hemos tenido ocasión de oír en repetidas ocasiones durante la campaña electoral, cualquier atisbo de desconfianza adicional sobre la capacidad para garantizar la continuidad de esa convergencia se traduciría en una elevación de la prima por riesgo sobre los títulos de deuda pública denominados en pesetas, cuya carga por intereses constituye una de las principales partidas de ese gasto público que es preciso reducir, y un serio obstáculo a la continuidad de la mejora de las condiciones de financiación de las empresas. Así lo han debido entender los operadores en el mercado bursátil y en el mercado de deuda pública españoles, a juzgar por los descensos en precio de ambos tipos de activos durante la jornada de ayer.

A diferencia de episodios anteriores de inestabilidad política, la situación actual presenta cuando menos un elemento de certeza: la asunción por una amplia mayoría de los partidos políticos y de los agentes económicos y sociales de unas líneas de política económica que coinciden en ese objetivo de convergencia nominal de la economía española. Pero no es ' menos cierto que no es posible identificar por el momento un Gobierno capaz de instrumentarlas durante los 20 meses que quedan hasta la fecha de referencia para esa evaluación. Si estrecho habría de ser el escrutinio que los mercados financieros iban a realizar de las primeras acciones del nuevo Gobierno, que se presumía saldría de las elecciones, más lo será de las posibilidades efectivas para su constitución en un plazo razonable por el partido que ha ganado las elecciones. En pocas ocasiones de forma tan explícita como la actual la celeridad se convierte en una fuente de ahorro.

La economía española vuelve a encontrarse presa de unas circunstancias políticas adversas. Esa servidumbre encuentra en esta ocasión un paliativo nada desdeñable en esa senda relativamente virtuosa que han definido sus fundamentos -inflación, déficit público, déficit exterior, desempleo- durante los últimos tres años y, en todo caso, en una política presupuestaria que, aun cuando sea manifiestamente mejorable, ha dejado como más explícito y paradójico legado unos prorrogados presupuestos, tan inicialmente repudiados por la totalidad de los partidos de la oposición como útiles para transitar por la interinidad ahora creada.