El PP propone una ley, un estatuto y un plan como piezas legales para privatizar empresas públicas

El Partido Popular (PP) propone un abigarrado dispositivo parlamentario y administrativo para su política de privatizaciones... Este dispositivo consta de tres piezas legales: un Proyecto de Ley sobre Privatizaciones, un Estatuto de la Empresa Pública y un Plan de Privatizaciones. Las tres están re lacionadas entre sí y se cierran con un pacto político entre las Administraciones Públicas (comunidades autónomas) para "evitar la proliferación de empresas públicas territoriales y su utilización para eludir la normativa sobre control del gasto público", según el pro grama de privatización del PP conocido por EL PAÍS.El Proyecto de Ley sobre Privatizaciones tiene como objetivo principal "definir un marco legal" para regular las ventas de activos públicos a grupos privados. Algunas versiones sugieren la hipótesis de que el PP utilizará la ley que regula la enajenación de determinados activos públicos, aprobada por el Gobierno actual, que permite al Estado reservarse la última decisión sobre la venta de activos estratégicos de empresas públicas incluso después de perder la mayoría accionarial o carezca de la participación estratégica en esa compañía, como base para ese proyecto de ley.

Además del proyecto de ley, un Gobierno del PP pondría en marcha un Estatuto de la Empresa Pública. Esta pieza tiene como objetivo precisar la utilidad, objetivos y criterios de actuación de las empresas públicas.

El dictamen del estatuto, por decirlo así, permitiría al Gobierno de Aznar elaborar un Plan de Privatizaciones. Se supone que el plan tiene que establecer el traspaso inmediato a la iniciativa privada de las empresas que no cumplan una finalidad estratégica o social. No deja de ser una interesante declaración de intenciones, porque será el mercado quien decida si unas empresas pueden privatizarse o no.

En el esquema del PP, la privatización de las empresas públicas de sectores con influencia en la formación de precios, como pueden ser las energéticas, telecomunicaciones y transportes, debe acompañarse de la entrada de nuevos operadores en estos mercados.Deseos y realidad

Este esquema en cadena no es muy apreciado por quienes conocen la Administración. "Parece pensado bien para no privatizar nada en la práctica, bien por alguien que supone que en la Administración los deseos se convierten automáticamente en realidad". La elaboración de una ley puede demorarse el tiempo suficiente como para que los tres instrumentos clave para la privatización versión PP estén listos al final de la legislatura. De forma que en 1999 el Gobierno puede tener una Ley de Privatizaciones, un Estatuto de la Empresa Pública y un Plan privatizador sin haber vendido una sola compañía.

El equipo económico de Aznar propone además como objetivo que "los resultados de la privatización se apliquen a amortizar la deuda pública para reducir su volumen neto; en ningún caso se podrán utilizar para cubrir déficit de las operaciones no financieras".

Los análisis de los expertos muestran la irrelevancia en la práctica de esta proposición. El artículo 23 de la Ley General Presupuestaria establece que los recursos del Estado se destinan "a satisfacer el conjunto dé sus respectivas obligaciones". Cuando la financiación del déficit se financia de forma ortodoxa con emisión de deuda, es indiferente que los ingresos por privatizaciones se destinen a amortizar deuda o a financiar gastos.