16 mujeres y 5 empleados de una clínica serán juzgados por abortos realizados en 1991

La redada de una juez de Valencia cerró en junio de 1991 el centro de planificación familiar Progin y las historias clínicas de las pacientes acabaron en el juzgado. El caso, tras una tramitación de casi cinco años, llegará próximamente a la Audiencia para que fije la fecha del juicio. En el banquillo se sentarán 16 mujeres por un delito de aborto, dos ginecólogos, una psicóloga, una auxiliar y una asistente social. La fiscalía pide para 15 mujeres seis meses y un día de prisión y tres meses para una joven que era menor de edad. El resto de acusados se enfrenta a varios años de cárcel.

El registro de la clínica Progin se produjo a raíz de la intervención de una joven de 16 años que acudió al centro y tuvo que ser trasladada a un hospital por una perforación de útero. El caso se comunicó a los juzgados y la juez Clara Bayarri ordenó la redada. La magistrada mandó detener a cuatro trabajadores del centro y mantuvo en prisión incomunicada a su director, el ginecólogo de origen holandés Hans van Hassel. Con las historias clínicas sobre su mesa, interrogó a cerca de 40 mujeres atendidas en la clínica, abierta con autorización de la Consejería de Sanidad en septiembre de 1990. La juez no levantó el secreto de las actuaciones hasta un año después y el caso se eternizó en el juzgado hasta que el verano pasado la fiscalía acusó a 16 mujeres y a cinco responsables de Progin.El juzgado espera ahora los últimos escritos de defensa antes de enviar el asunto a la Audiencia para la celebración del juicio, que afecta al mayor número de mujeres imputadas en España por una presunta interrupción ilegal del embarazo. Según la fiscalía, el centro Progin se limitaba "a concertar día y hora con las personas que llamaban" y el precio de las intervenciones dependía de las semanas de embarazo. El escrito añade que en las historias clínicas de las acusadas no constan "Ios dictámenes previos" de un psicólogo u otro especialista distinto al que opera, exigidos para los abortos legales. La fiscalía imputa al ginecólogo van Hassel, que está en busca y captura desde hace dos semanas, la "falsificación" de los documentos con los que justificaba ante Sanidad que las intervenciones cumplían los supuestos autorizados por la ley.

La mayoría de las acusadas, de entre 16 y 40 años cuando se inició la investigación, acudieron a la clínica desde pueblos de la provincia de Valencia y algunas desde otras comunidades autónomas, como la aragonesa. Según declararon a la juez, la dirección de Progin la obtuvieron de organismos públicos, por lo que creían que las interrupciones de sus embarazos eran legales. Van Hassel hacía constar su situación en el historial, pero no incluía en los expedientes otros dictámenes.

El ginecólogo estaba localizable en Barcelona hasta fechas recientes, pero el juzgado no da con él y ha ordenado su detención. La fiscalía pide para Hans van Hassel un total de nueve años y cuatro meses de prisión por un delito continuado de aborto, falsedad en documento oficial y las lesiones que supuestamente causó a la menor de edad cuya intervención desató la investigación judicial. Van Hassel negó en su momento todas las acusaciones. Sobre la menor apuntó que "tenía un feto muerto", por lo que tuvo que hacerle un legrado que derivó en una perforación de útero. Otro ginecólogo, una psicóloga, una asistente social y una auxiliar se enfrentan cada uno a una pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión.

La aplicación del proyecto de ley que introduce el cuarto supuesto del aborto hubiera evitado una posible condena de las acusadas, apuntan fuentes judiciales. El PSOE retrasó su envío al Congreso hasta poco antes de la disolución de las cámaras, y el PP y CiU bloquearon su tramitación.