Villarejo descubre que Pascual Estevill no declaró a Hacienda 160 millones

El fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha descubierto que el vocal del Consejo General del Poder Judicial Luis Pascual Estevill no declaró a Hacienda al menos 160 millones de pesetas recibidos en sus cuentas bancarias durante su etapa como juez. Villarejo, en un escrito al Supremo, que investiga un posible delito fiscal cometido por Pascual Estevill, señala que esos ingresos no se corresponden "con la retribución como magistrado juez" ni con las bases declaradas por éste en sus declaraciones de la renta y del patrimonio en los años de su actividad como juez. El fiscal anticorrupción revela también que Pascual Estevill ejerció funciones ejecutivas en empresas mientras era juez, incompatibilidad prohibida por el Código Penal.

Jiménez Villarejo expone al instructor del Supremo: "En una primera aproximación ( ... ) se ha constatado la existencia de abonos que por su cuantía unitaria y cierta regularidad en el tiempo presentan una especial significación". Esta primera selección de ingresos bancarios "a título de simple ejemplo", como dice Villarejo en su escrito, alcanza según otras fuentes la cifra de 750 millones de pesetas durante los ejercicios de su función como juez. Villarejo citará a declarar a Estevill como inculpado por segunda vez ante el Supremo.El fiscal anticorrupción, atendiendo únicamente a los movimientos de cuentas de Estevill en la Caixa de Catalunya, BBV y Central Hispano, ha contabilizado ya 159.803.098 pesetas. Según Villarejo, estos movimientos "no parece que puedan justificarse con la retribución como magistrado juez y otros rendimientos en tanto que procedentes de actividades consideradas compatibles". Villarejo añade: "Al menos con los datos actualmente disponibles, [los ingresos] no corresponden con las bases imponibles que se contienen en las declaraciones del impuesto de la renta y del patrimonio correspondientes a los ejercicios 1991, 1992 y l993".

De igual modo se ordena investigar lo declarado como "rendimiento por actividades profesionales, en régimen de estimación directa", que proviene de las siguientes entidades pagadoras: Generalitat de Cataluña, Universidad Politécnica de Cataluña y Bosch Casa Editorial. Por estos conceptos Pascual recibió unas 900.000 pesetas.

El fiscal anticorrupción también considera en su escrito al instructor de la causa por presunto delito fiscal contra Pascual Estevill que hay que aclarar "sin mayor dilación" los préstamos que el ex juez declara en sus liquidaciones del impuesto sobre el patrimonio -deudas por préstamos concedidos por la sociedad Myrurgia, su presidente y propietario, Esteban Monegal Massó, y Eduardo Bueno Ferrer, ex presidente de Urbas y ex candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat-.

Entre 1988 y 1993 los préstamos ascienden a más de 100 millones de pesetas, de los que 72,5 le fueron concedidos a cargo de Myrurgia -"en la que tenía una importante participación accionarial"-, 9,3 por Esteban Monegal y 18 por Bueno Ferrer. Todos los prestamistas serán requeridos para presentar certificaciones de esos créditos y de cómo se satisficieron.

Carlos Jiménez Villarejo no se refiere al primer delito fiscal denunciado que dio origen a esta causa en la Sala Segunda del Supremo y que investigó la Agencia Tributaría. La compraventa de una mansión en Sitges por su sociedad patrimonial Pasfranch, que fue transmitida por 500.000 pesetas y cuyo valor estimado por Hacienda es de unos 75 millones. Sin embargo, el fiscal anticorrupción hace hincapié en las presuntas incompatibilidades en que Pascual Estevill pudo incurrir mientras ejercía como magistrado, condición a la que accedió como "cuarto turno" el 28 de junio de 1990 y que abandonó en noviembre de 1994 para acceder a una silla de vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU. El artículo 198 del Código Penal prohíbe a los funcionarios públicos intervenir en empresas con ánimo de lucro.

Jiménez Villarejo quiere esclarecer la relación de Pascual Estevill con la sociedad Leidin, administrada por su hijo Javier Pascual Franquesa, sin actividad societaria, pero que prestó al ex juez 41 millones de pesetas entre 1990 y 1993. También se interesa por las sociedades del Grupo Myrurgia Gelmir y Meiral, en las que Estevill figuró como secretario de la junta general de accionistas, y la sociedad Sefige, "en la que figura como vicepresidente y consejero hasta el 15 de junio de 1991". De ello se desprende que la incompatibilidad que impide a los magistrados en activo formar parte de consejos y administrar sociedades fue vulnerada. El fiscal anticorrupción pide que se tome declaración a todos los responsables ejecutivos de estas empresas en la época.

Ventas de inmuebles

Villarejo también quiere aclarar la participación de Pascual Estevill como presidente de la junta de accionistas del 30 de junio de 1991 de la sociedad Lafoya, en la que la esposa del vocal del Consejo General del Poder Judicial, Nuria Franquesa, y su hija Nuria Pascual Franquesa han sido administradoras. Esta sociedad patrimonial -cuyas juntas presidía Pascual Estevill- intervino en la compraventa de la finca número 65 de la calle del Bruc de Barcelona, que era propiedad de José María Juncadella Burés.Esta investigación se relaciona con una posible infracción del artículo 404 del Código Penal, que prohibe expresamente a los jueces "el agio, tráfico o granjería", es decir, todo tipo de negociación comercial, como puede entenderse que es la inmobiliaria.

Durante su ejercicio como juez en Barcelona, Pascual Estevill instruyó los casos Planasdemunt, Macosa, Indelso, Bertrán de Caralt y Grupo Cor, y archivó las incompatibilidades atribuidas a Lluís Prenafeta, secretario general de la Presidencia de la Generalitat, entre otros casos. El polémico juez vio muchas de sus decisiones revocadas por la presidenta de la Audiencia de Barcelona, entonces Margarita Robles, especialmente por dictar órdenes de prisión injustas.