La 'anmstía' para ocupantes irregulares de pisos públicos se extiende a otros 12 barrios

Otros 12 barrios más pueden acogerse a la amnistía decretada por el Gobierno regional para unas 15.000 familias que habitan pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) de manera irregular (compras fraudulentas, subrogaciones bajo cuerda ... ). Los vecinos tienen de plazo hasta el próximo, 9 de abril para presentar la documentación requerida. A partir de docimentación la Comunidad dispone de seis meses para volver los casos. Esta medida comenzó a arse el verano pasado en 11 vecindades donde se presentaron 274 peticiones regularización.

Las nuevas barriadas a regula rizar son Fuencarral A, Villa verde Cruce, Alto del Arenal (Puente de Vallecas), UVA de Hortaleza, unidad vecinal cuatro de Entrevías (Puente de Va llecas), Véntilla (Tetuán), Antonio Nebrija (Alcalá de Hena res), Tejar y Puente de Capu chinos (Fuencarral-El Pardo), Juan Tornero (Latina), Herma nos García Noblejas primera fase (San Blas) y Cornisa de Orcasitas (Usera).

Entre estos vecindarios hay cinco, Antonio Nebrija, El Tejar, Puente de Capuchinos, Juan, Tornero y Hermanos García Noblejas, sometidos al extinguido sistema de acceso diferido a la propiedad pago de un alquiler durante varias décadas, al cabo de las cuales el inquilino se convierte en dueño, y en ellos el Ivima quiere adelantar la venta de las viviendas, a los arrendatarios.

El resto de los barrios salvo la Cornisa de Orcasitas, están en plena remodelación., -Respuesta en marzo.

Las 274 solicitudes presentadas hasta ahora corresponden al ensayo de esta amnistía iniciada el pasado verano en barriadas públicas de Madrid como Fuencarral B, Comillas (Carabanchel), Canillas (Hortaleza), La Viña (Puente de Vallecas), Virgen del Pilar fase II (Chamartín), Usera, Mingorrubio (Fuencarral-El Pardo) y Tercio del Terol (Carabanchel). Y también, en vecindarios de Alcalá de Henares, Ciempozuelos y San Martín de Valdeiglesias.

La mitad de las peticiones proceden de Alcalá de Henares. Sin embargo, en Mingorrubio, Ciempozuelos y San Martín de Valdeiglesias ningún habitante de vivienda social ha pedido le galizar su situación. Para el mes de marzo la Comunidad habrá dado una respuesta definitiva a estos 274 primeros expedientes.

El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, cree que este número de solicitudes es algo bajo. "Nos parecen pocas, pero el problema es que no sabemos cuántas se debían haber presentado porque no hay cifras exactas sobre las situaciones irregulares", afirma. "Tal vez los afectados no acaban de ver claro que con este procedimiento puedan arreglar sus problemas", añade.

A Prisciliano Castro, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), entidad que colabora con la Administración en esta amnistía, no le choca que sólo se hayan presentado 247 solicitudes.

"Se eligieron para ensayar la medida precisamente porque tenían pocas irregularidades; hay una excepción, la barriada de Puerta de Madrid, en Alcalá, donde esperábamos unas doscientas peticiones y se han recibido l20", explica. "Tal vez haya miedo a sacar a la luz estos casos", añade Castro.

Para acogerse a esta amnistía, iniciada el pasado verano, es imprescindible utilizar la vivienda como morada habitual desde antes del 1 de junio de 1994 y no poseer otro piso en la Comunidad de Madrid.

Las familias deben percibir menos de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. Pero a esta cuantía se le aplican una serie de medidas correctoras que amplían su techo. Así, por ejemplo, también puede legalizar su situación una familia con ingresos brutos anuales de seis millones de pesetas si está formada por seis miembros, con tres trabajando, y una estancia de 11 años en el piso.

La mayor parte de las regularizaciones se realizarán en régimen de alquiler. Pero lo previsible es que, como la mayoría de los bloques de esta amnistía acabarán siendo vendidos a sus inquilinos una vez resueltas todas las situaciones anómalas, también los ilegales regularizados puedan optar a comprar su vivienda. Eso sí, pagarán más por ella.

El Ivima gestiona 90.000 viviendas en la región, la mitad de ellas heredadas del franquismo, y se estima que 15.000 de sus inquilinos están en situación irregular.