El fiscal de Colombia propone una ley de punto final en el 'narcoescandalo'

El fiscal general de Colombía, Alfonso Valdivieso, se mostró ayer partidario de declarar finaIizado el periodo presidencial y del Congreso y anticipar las elecciones. El fiscal dijo también estar a favor de estudiar una ley de punto final selectiva que. perdone a algunos de los involucrados en el sumario abierto sobre las relaciones entre narcotráfico y política, el llamado Proceso 8.000, a cambio de su retiro de la política.

Valdivieso dijo que aún siendo Colombia una nación con sistema -presidencial es importante que se tenga la posibilidad de adelantar las elecciones. Agregó que se trata de buscar "fórmulas consistentes con la necesidad de reconocer que hemos caído muy bajo". El presidente Ernesto Samper no descartó anoche esta alternativa y anunció que la considerará como una de las opciones para salir de la crisis.Mientras tanto, el periódico El Tiempo reveló ayer datos de una operación encubierta orquestada desde el Palacio de Gobierno tendente a ocultar la verdad sobre el actual escándalo de narcopolítica. Según el diario, el ex ministro de Defensa, Fernando Botero, actualmente en prisión, ha contado con pelos y señales los nueve puntos de esta estrategia.El punto primero era quitar del camino al fiscal Valdivieso y al vicefiscal. Este último ha asegurado que en la cúpula del Gobierno hay personas involucradas en actividades ilegales. El Gobierno ha respondido calificándolo de "instigador de la violencia". Botero menciona también el estudio de una fórmula legal de punto final para todos los procesos relacionados con la financiación ilícita de las campañas electorales, y la compra de conciencia a través de prebendas, tanto de los miembros de la Comisión de Acusaciones del Congreso, como de periodistas encargados de la información del Proceso 8.000.Intimidación

También alude a que el poder haya tratado de intimidar y desacreditar a todo aquel que pudiera rendir testimonio contra el presidente. En esta larga lista Botero señala también que el Gobierno estaba dispuesto incluso a acusar de prevaricación al fiscal en caso de que hubiera dicho una palabra de más en su denuncia penal contra Samper ante el Congreso.

Botero llama a este plan "gigantesca operación de encubrimiento" y asegura que se inició cuando aparecieron las primeras pruebas del ingreso de dinero del narcotráfico en la campaña de Samper. El ex ministro relata con detalle una de estas reuniones en 1994. Botero asegura que le informó al presidente de su preocupación por la posibilidad de que el extesorero de la campaña, Santiago Medina, hablara. Samper, cuenta Botero, le consoló diciendo: "Lo que hay que hacer es echar a Medina a los lobos, decir que es un infiltrado del cartel de Cali y que además robó plata de la campaña".

Fue Botero también quien decidió aportar como prueba contra Samper la grabación de María, testigo de la DEA (agencia antidrogas de EE UU). Esta mujer asegura que en 1989, un mes después del asesinato del candidato liberal Luis Carlos Galán, el entonces precandidato Ernesto Samper viajó a Cali y recibió de dos de los jefes del cartel unos 50 millones de pesetas.