Schengen y ETA

EL PARLAMENTO Europeo ha dado pleno respaldo a las tesis españolas en el contencioso que enfrenta a España y Bélgica por la negativa de Bruselas a conceder la extradición de dos presuntos colaboradores de ETA. En una resolución aprobada el jueves por abrumadora mayoría, los eurodiputados reclaman lo que viene exigiendo el Gobierno español, desde hace meses. Que se unifiquen las legislaciones nacionales de modo que no pueda repetirse un conflicto que a estas alturas resulta disparatado entre socios en la Unión Europea, como es la protección efectiva en uno de estos países a dos fugitivos acusados en otro de colaborar con bandas de asesinos.Es una resolución perfectamente respetuosa con el poder judicial. Un texto que no tiene como objetivo presionar al Consejo de Estado belga para que conceda las extradiciones, sino al Gobierno de ese país para que su legislación no permita lecturas restrictivas del Convenio Europeo contra el Terrorismo como la que acaba de hacer el supremo órgano judicial de Bélgica, al llegar a esta rocambolesca decisión.

La votación de Estrasburgo ha puesto de relieve al mismo tiempo algunas conductas dificilmente explicables. Por ejemplo, el peligroso equilibrio del PNV, cuyo representante se abstuvo, escudándose de forma confusa ora en el respeto a la separación de poderes, ora en la falta de diligencia española durante la presidencia de la UE para unificar el espacio judicial europeo. Siempre hay una excusa para quien desea poner una vela a Dios y otra al diablo, a pesar de que la vía de las extradiciones entre países socios de la UE sea la más legal y la más lógica de las imaginables.

Todo ello ha confirmado también la peculiar visión que desde Bélgica todavía tienen algunos sobre el problema del terrorismo vasco. Los diputados francófonos belgas han votado a favor del texto propuesto. Los diputados flamencos lo han hecho en contra o se han abstenido, con la excepción del líder del Partido Popular Europeo, Wilfried Martens. Así, el nacionalismo flamenco ha optado por confundir las simpatías que le inspiran movimientos análogos de otros países con el auxilio a una pandilla de asesinos.

No debe irritar más de lo imprescindible que ciertos nacionalismos tengan una visión tan equivocada del presente. Pero la construcción de la Europa unida tiene uno de sus fundamentos en la prioridad incondicional de la solidaridad de las democracias contra sus enemigos, por encima de supuestos o reales agravios de siglos pasados y romanticismos etnicistas decimonónicos, que minan la seguridad común y generan desconfianza mutua.

La cooperación policial establecida en el acuerdo de Schengen tiene que funcionar porque sin su operatividad, una de las principales apuestas de la Europa unida fracasaría. Por eso no tiene sentido que España imite ahora la muy criticable postura francesa de suspender siquiera parcialmente su aplicación. No tiene por qué buscar ahora, como sugieren nuestros más histriónicos patriotas, represalias contra Bélgica.

Debe insistir en que todos sus socios le apoyen en su legítima exigencia de que presuntos delincuentes de cualquier país de la UE sean perseguidos con la misma firmeza en todos ellos. Es en esta apuesta en la que España debe dar y ganar esta batalla democrática.