El reto es la productividad

El tamaño de la Administración del Estado en España es coherente con el de los países del entorno, pero su principal reto es la productividad, opina Ignacio Ezquiaga, de Analistas Financieros e Internacionales. Este experto cree que la función pública es tan rígida que afecta a su productividad. Los intentos de agilizarla con la creación de entes autónomos han originado nuevos problemas de coordinación.Ezquiaga opina también que la polémica sobre altos cargos desatada por el PP es estéril, sin relevancia técnica. Da importancia, sin embargo, al problema de la deuda de las autonomías y cree que debe perseverarse en la línea de los pactos de austeridad de 1992 y 1995, suscritos por el Gobierno y las comunidades.

Ezquiaga considera que al Gobierno que salga de las urnas el 3 de marzo se le plantea, sobre todo, una doble tarea en el proceso de descentralización: las relaciones financieras con las comunidades, ayuntamientos y diputaciones, y la necesidad de definir mejor las competencias de cada uno de los niveles de la Administración.

En 1996 termina el periodo de vigencia del acuerdo quinquenal de la financiación autonómica. Sobre la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera -del que forman parte todos los consejeros autonómicos de Hacienda y representantes del Gobierno central- pesa la demanda generalizada de una mayor responsabilidad fiscal de las comunidades. Cualquier aumento del porcentaje del IRPF destinado a las autonomías pasa por una reforma de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas).

Dos frentes peligrosos

Ezquiaga opina que, con ser este problema complejo, más lo será acometer políticamente esta reforma sin abrir otros dos frentes peligrosos, máxime en tiempos de austeridad presupuestaria, en los que la reducción del déficit público es acuciante. Por un lado, un eventual aumento del porcentaje del IRPF gestionado por las comunidades hará girar la vista, inexorablemente, hacia la recaudación tributaria asumida por las autonomías. Lo que obligará a un esfuerzo de solidaridad de las regiones más ricas hacia las menos desarrolladas. Por otro, el debate reabrirá viejas demandas de todas las comunidades: deudas históricas por nivelación de servicios, uniprovincialidades, atrasos o desfases presupuestarios. En el campo de los ayuntamientos y diputaciones debe reformarse la Ley de Haciendas Locales, para permitir soluciones legales que posibiliten sin tensiones innecesarias, el saneamiento municipal. El pacto local completa los retos.