¿Es adecuada la dimensión de la Administración del Estado?

IU también se alinea con los socialistas en la polémica sobre altos cargos que el PSOE sostiene con el PP desde hace varias legislaturas. El PP ha acusado al PSOE de haber aumentado desaforadamente los altos cargos de la Administración. El PP afirma que, si se tienen en cuenta los escalones superiores de la función pública, del nivel 28 al nivel 30 (el máximo), desde 1982 a hoy se ha pasado de 1.800 puestos a 8.000. El PP cree que puede reducir más de 6.000 de esos cargos. Y define en sentido estricto a los altos cargos como "los de director general y asimilados para arriba". Pero añade que "hay una zona de sombras en la que entrarían el personal eventual de confianza de los gabinetes y cuantos con nivel equivalente al de subdirector general son nombrados de manera discrecional".El PSOE siempre ha replicado que en esa cifra incluye los niveles 28 a 30, que no son altos cargos políticos sino administrativos. IU coincide en esta posición. La coalición considera que el número de altos cargos es de 359 (sólo desde el presidente del Gobierno hasta directores generales). Y también insiste en que la Administración tiene un tamaño relativamente reducido de altos cargos (ministros o secretarios de Estado) respecto a la UE: por debajo de Alemania, Reino Unido e Italia. España ha reducido sus altos cargos desde 1990, de 401 a 359, según el PSOE.

Los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 1992 y 1995, para reducir el déficit de las comunidades autónomas -que ascendía a más de 3,3 billones en 1995- encuentran la respuesta más tajante en el PP. Este partido cree insuficiente el pacto de austeridad suscrito por el Gobierno socialista y las instituciones territoriales, que pretende afrontar un recorte de casi un 69,1% hasta 1997 en relación con las cifras de 1994. Es más. Pone en duda el propio pacto. Manuel Núñez, del PP, propone otro con todas las administraciones "para reducir el déficit público" en línea con su programa electoral. Éste no es MUY preciso. Pero, eso sí, propone la reducción de gastos corrientes.IU se muestra más moderada que el PP. Enrique Ortega admite que el pacto ha supuesto un avance en la reducción de la deuda, aunque insuficiente. Propone cambiar la estructura del sistema de financiación para ir haciendo descender la parte de subvención y aumentar la que tiene naturaleza fiscal, con la salvaguardia del principio de solidaridad.

Los socialistas creen que se trata de que el Gobierno y las administraciones autonómicas cumplan el pacto de austeridad para ir adecuándolo a los criterios de la Unión Monetaria y a la evolución de la economía española.

CiU y PNV coinciden en la necesidad del pacto de austeridad, con la vista puesta en los objetivos de Maastricht. CiU propone también aumentar la supresión de organismos innecesarios, reduciendo aún más los gastos corrientes.

La sensación existente en la calle de que las administraciones auto nómicas han reproducido el es quema de la Administración central, incluidos sus errores, es ratificada por los partidos. El PP es el más rotundo, aunque luego matiza. Su dirigente Manuel Núñez cree que ese mimetismo puede ser positivo cuando se trata de unificar ciertas políticas, como en materia de retribuciones, de carrera profesional o de control del gasto; pero puede resultar negativo y costoso si acarrea duplicidad de estructuras, de medios y esfuerzos. IU también cree que hay mimetismo. Enrique Ortega ve cierto paralelismo entre las estructuras departamentales de las comunidades autónomas (las consejerías) y las del Estado. También cree que hay un desarrollo autonómico desordenado y heterogéneo que provoca la tendencia a confundir necesidades organizativas con clientelismo político.

CiU. opina igualmente que se reproducen los esquemas y eso lo atribuye al proceso inicial de construcción del Estado de las autonomías, que provocó que, como consecuencia de los traspasos de órganos y personal procedentes de una Admistración ya creada, se tendiera a una fórmula similar. La coalición opina que la legislación estatal básica en materia de función pública también ha contribuido a una excesiva homogeneización en el funcionamiento general de las administraciones.

El PNV considera que no puede generalizarse. Ricardo Gatxagaetxeberría dice que en unos casos se ha trasplantado el esquema organizativo de la Administración central; y en otros, no. En cualquier caso, existe una competencia plena de organización de las comunidades que pueden ejercerla para acogerse al modelo que consideren más adecuado, insiste el dirigente nacionalista.

Sólo responde de manera rotunda IU, aunque todos reconocen que el problema está apuntado en los estatutos de Andalucía y Extremadura. Enrique Ortega, de IU, cree que este problema se ha agudizado al no haberse utilizado debidamente los instrumentos redistributivos de la LOFCA (ley orgánica de financiación autonómica) y al dispararse las desigualdades regionales. Incluso propone una fórmula: aumentar en cuatro años el Fondo Interterritorial hasta el 45% de las inversiones del Estado (ahora es un mínimo del 30%). Además, IU defiende un Fondo de Solidaridad para afrontar los gastos corrientes.Manuel Núñez, del PP, es menos rotundo. No obstante, apoya el desarrollo de la disposición adicional segunda de ambos estatutos -la que se refiere a la deuda histórica de Extremadura y Andalucía- y admite la existencia de esa obligación. Pero, a renglón seguido, generaliza el fenómeno a otras comunidades.

Los socialistas califican de "ambiguo" el concepto de deuda histórica, aunque admiten que los estatutos hacen alguna referencia a ella y que éstos, como la LOFCA, han diseñado los oportunos mecanismos correctores para evitar las desigualdades. También creen que esta polémica tiene carácter electoral.

Ricardo Gatxagaetxeberría, del PNV, opina que por la vía de la corresponsabilización fiscal se puede afrontar el problema de una "deuda histórica" que sí reconoce.