¿Es posible reformar el sistema educativo sin financiación?

Todos están de acuerdo en dos cuestiones. Primero: los estudiantes deberían poder cursar la carrera elegida. Segundo: la selectividad tal como está planteada es ineficaz. A partir de aquí, las propuestas para reconducir la situación divergen.Sólo Javier Doz, de IU, habla de "supresión" de las pruebas de selectividad. Sin mencionar la desaparición de éstas, José Juan González de Txábarri, del PNV, propone que sea cada universidad la que establezca, "un sistema para evaluar el nivel del alumno y su ingreso en ella".Andrés Ollero, del PP, se inclina muy escuetamente por la,ampliación "de verdad" del distrito compartido, algo en lo que coincide con Doz. Este aún da un paso más y aboga por "caminar progresivamente hacia el distrito único". En esta iniciativa, el PP e IU siempre se encontrarán con la oposición frontal de los nacionalistas catalanes; que no quieren ni oír hablar del tema. Carme Laura Gil, en nombre de ellos, considera que para que los jóvenes puedan cursar estudios universitarios de su elección "es necesario ampliar el catálogo de titulaciones dentro de las áreas de conocimiento de mayor demanda e integración en la vida económica y humanística".Tanto en esta propuesta como en la de modificar la selectividad la portavoz de CiU en el ámbito educativo coincide al cien por cien con Jerónimo Nieto, del PSOE. Las pruebas de acceso, en su opinión, deben reformarse en los siguientes aspectos: mejora de la coordinación entre la enseñanza secundaria y la universitaria; mayor autonomía de las universidades para efectuar la valoración del alumno; mayor presencia del profesorado de secundaria en la organización de las pruebas y una mayor valoración de los conocimientos relacionados con los estudios a los que se quiere acceder.

Están claramente en contra de la subvención a las escuelas privadas para las etapas de enseñanza no obligatoria el PSOE e IU. El PP y el PNV se muestran a favor; mientras que CiU adopta una postura ambigua. El socialista Jerónimo Nieto sostiene que "la enseñanza obligatoria impartida en centros públicos es la única que debe ser financiada íntegramente con dinero público". Javier Doz, de IU, declara que una condición necesaria para la igualdad en la educación es que se destinen a la escuela pública "Ios recursos que permitan una enseñanza de calidad en todos sus niveles". Doz va más allá y pide "la equiparación de las condiciones de funcionamiento y gestión de los centros privados con las de los públicos".En el polo opuesto, Andrés Ollero, del PP, se queja de que "más de la cuarta parte de los niños están sin escolarizar, mientras que hay plazas en centros concertados". "La miope obsesión por contraponer lo público y lo privado lleva a olvidarse del ciudadano privado, de quien se compone el respetable público", ironiza. José Juan González de Txábarri, del PNV, no es menos contundente: "Defendernos el derecho a la libertad de enseñanza y, por lo tanto, a la libertad de elección de centro sin que esta elección se vea mermada por condicionantes económicos".

Carme Laura Gil, de CiU, se cura en salud y, responde que la subvención sólo debería ampliarse si la oferta privada "tiene un carácter de interés social asumido por la Administración y la comunidad educativa".

De las cinco, ésta ha sido la pregunta que los representantes de los partidos han respondido de forma más variopinta y, a menudo, con evasivas. Ello demuestra que se trata de una cuestión polémica y aún no resuelta. José Juan González de Txábarri, del PNV, es el más claro. "Evidentemente", contesta. Y añade: "El bilingüismo es un factor de calidad". El dirigente nacionalista vasco aboga por la enseñanza en la lengua materna desde la educación infantil.Carme Laura Gil, número tres de CiU por Barcelona, prefiere, en lugar de responder, explicar el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, no sin antes defender que cada comunidad con lengua propia debe usar la metodología de aprendizaje que considere más acorde con la realidad sociocultural para garantizar el conocimiento de las dos lenguas". Jerónimo Nieto, del PSOE, opta por no apartarse del marco constitucional y no entra en la segunda pregunta. "Los alumnos tienen el derecho a recibir la enseñanza obligatoria en su lengua habitual" sostiene, y agrega: "Al finalizar la enseñanza obligatoria todos deberán tener un conocimiento correcto de las dos lenguas".

Javier Doz (IU) defiende que los niños estén escolarizados "en la lengua que elijan el padre y la madre, que no tiene por qué ser necesariamente la que se habla en el núcleo familiar". Andrés Ollero (PP) elude contestar y lanza una opinión difícil de descifrar: "En un momento en el que el reto educativo en cualquier país es anticipar el bilingüismo, conseguir que ello se convierta en problema cuando se trata de lenguas oficiales tiene un notable mérito... ".

Tal como sucede con la pregunta sobre la ampliación de subvenciones públicas a escuelas privadas para etapas no obligatorias, en esta respuesta también hay una clara alineación del PSOE e IU, de un lado, y del PP, CiU y PNV, de otro. El socialista Jerónimo Nieto y Javier Doz, de IU, son rotundos en sus contestaciones. "No", exclaman los dos, la. asignatura de religión no debe tener valor académico. "Resulta anacrónico y contrario al carácter laico del Estado que nuestra Constitución -consagra, y que debe respetarseen el servicio público de la educación", agrega Doz.

Andrés Ollero, del PP, también invoca a la Constitución para opinar justo lo contrario. "El artículo 27.3 de la Constitución se refiere a la 'formación religiosa, y moral' a recibir por los alumnos. Nuestro Estado no es confesional, luego debe de tratarse de una asignatura que se ocupe de la religión como fenómeno cultural y social, así como de unas nociones de moral que no parecen superfluas en nuestro país", subraya.

El nacionalista vasco José Juan González de Txabarri defiende con determinación el valor académico de la asignatura de religión. "En la Europa Occidental", mantiene, la religión, junto con la lengua propia y las matemáticas, son las materias obligatorias en la educación básica". Mientras, la representante de los nacionalistas catalanes, Carme Laura Gil está a favor del reconocimiento académico de la mencionada materia "si forma parte del plan de estudios".