El PP impulsará una ley para dejar en suspenso la aplicación de penas del nuevo Código

El Partido Popular impulsará una norma legal para dejar en suspenso el capítulo del nuevo Código Penal relativo precisamente a las penas, en buena parte rebajadas con respecto al Código vigente actualmente. Con la iniciativa de tal norma, el PP realizará un último intento por evitar que miles de delincuentes se acojan al nuevo Código y eludan la prisión o la abandonen al ver disminuidas automáticamente sus condenas.

El Código Penal, aprobado en noviembre pasado con los votos de todos los grupos y la abstención del PP, entrará en vigor el próximo 24 de mayo. Los populares creen que, si ganan las elecciones del 3 de marzo, pueden contar con tiempo suficiente para hallar el mecanismo legal adecuado para dejar en suspenso esa parte de la ley.Federico Trillo, portavoz de Justicia del PP, ha comentado que, si su partido gana las elecciones, una de las primeras medidas que adoptará será la de "consultar" al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el camino a seguir para lograr que el denominado Código Penal de la Democracia no entre en vigor en toda su extensión. Trillo precisa que, desde hace semanas, técnicos de su partido estudian cuál debe ser la posibilidad más adecuada, pero que aún no han llegado a una conclusión determinada. El dirigente popular añade que, además, tampoco tienen "absolutamente claro" si van a disponer de un margen temporal suficiente.

Ese margen dependerá, sobre todo, de los propios resultados electorales. Las nuevas Cortes Generales quedarán constituidas el 27 de marzo, y a partir de esa fecha se iniciarán las consultas para formar Gobierno. Si el PP obtiene una mayoría holgada, el Ejecutivo podrá quedar formado pocos días después y, por tanto, en muy breve plazo de tiempo el PP podría poner en marcha "una norma con rango de ley" que, aprobada antes del 24 de mayo, sirviera para retrasar la entrada en vigor del Código Penal. Personas que siguieron de cerca los debates de la ley aventuran que probablemente los jueces, si son preguntados al respecto, no pondrán especiales impedimentos a un hipotético aplazamiento de la entrada en vigor de la ley.

Expertos ajenos al PP, por el contrario, entienden que será muy complicado desde un punto de vista técnico, político y legislativo encontrar tanto un camino adecuado como una fórmula legal apropiada para que el PP logre aparcar la ley. Trillo insiste en que debe quedar claro que su partido sólo se opone al capítulo de nuevas penas, muchas de las cuales quedan rebajadas. De entrada, y con carácter general, la pena máxima ha quedado situada en 20 años de prisión (ahora son 30). Muchos delitos concretos también han visto modificadas a la baja las correspondientes penas.Penas de 25 años

Durante la pasada legislatura, el PP ya anunció que intentaría modificar la legislación de forma que la pena máxima quede situada en los 25 años para delitos de asesinato, terrorismo y narcotráfico, así como para otros relacionados con la libertad sexual. Asimismo, el PP persigue modificar la nueva legislación para que terroristas y narcotraficantes cumplan en su integridad las condenas, aunque los populares, precisa Trillo, nunca abogarán "por la cadena perpetua o algo similar".

La entrada en vigor del nuevo Código Penal supondrá la puesta en libertad de miles de delincuentes actualmente en prisión, aunque se han registrado airados debates con respecto a la cifra concreta.

Hace varios meses, y en una entrevista concedida a EL PAÍS, el director de Instituciones Penitenciarias, David Beltrán, se refirió así a la estimada excarcelación de presos: "Estimo que una cuarta parte de los reclusos actuales [hay unos 50.000] podría llegar a no estar en el sistema penitenciario o a entrar por vía del arresto sustitutorio. Es decir, entre 12.500 o 13.000". Desde entonces, la cifra de posibles excarcelados manejada por el PP ha sido de 12.000 personas. No obstante, el parlamentario socialista Javier Barrero llegó a rebajar ese cálculo a unas 2.000 personas.

En cualquier caso, el PP quiere evitar que su posible llegada al Gobierno coincida, sólo semanas más tarde, con una masiva excarcelación que conlleve una sensible disminución de los niveles de seguridad ciudadana en el país.