Prisiones suspende los transportes colectivos de funcionarios

El Ministerio de Justicia e Interior ha suspendido los transportes colectivos de funcionarios de todas las prisiones hasta después de las elecciones del 3-M para evitar que sufran un atentado por parte de ETA, según fuentes penitenciarias.Pese a que las empresas de autobuses no van a realizar el transporte de funcionarios hasta el próximo 7 de marzo, la Administración seguirá abonándoles el importe contratado. El director general de Instituciones Penitenciarias, David Beltrán, les exigirá a cambio que "se ocupen de cubrir las necesidades de transporte de aquellos funcionarios que no dispongan de vehículo particular o que, por cualquier otra razón, no puedan desplazarse por sus propios medios hasta su centro de trabajo". Algunos representantes sindicales se oponen a esta solución y proponen que se pague a los trabajadores un plus que compense la supresión de los convoyes.

Tras el secuestro de José Antonio Ortega por ETA, el pasado mes de enero en Burgos, Asuntos Penitenciarios ha constituido una mesa de seguimiento del caso junto con los sindicatos de funcionarios. Al mismo tiempo, el departamento de Coordinación de Seguridad Penitenciaria ha hecho un estudio de las normas de protección de los funcionarios.

Este departamento ha comprobado que muchos funcionarios incurren en "errores básicos" en su autoprotección, tales como repetir rutinariamente sus horarios y trayectos para ir de su casa al trabajo o acudir de forma habitual a los mismos sitios y a las mismas horas. Se les recomienda que en la documentación de sus coches figure un domicilio distinto al real y que adopten otras cautelas en sus viviendas y buzones.

La Administración penitenciaria anunció en junio de 1994 que estaba realizando gestiones para que Tráfico garantizara el anonimato sobre las matrículas de los coches particulares de los funcionarios de prisiones. Sin embargo, la Agrupación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) ha comprobado que sigue sin existir un "programa opaco" en Tráfico y que en este organismo "se pueden obtener datos de cualquier vehículo y, por extensión, de su propietario".