Paraíso de 'busqueros'

Con la últíma mudanza llegó el primer busquero. Desde que la semana pasada 108 familias del poblado de Canillas, en Hortaleza, fueran realojadas en pisos sociales, decenas de personas han abierto a la fuerza las viejas casas, que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), de la Comunidad, dejó tapiadas hasta resolver su derribo. La mayoría acuden a por el plomo de las cañerías,y a por la chatarra. Por ahora no se ha dado ningún caso de okupación ya que, tras el traslado, los operarios del Ivima tabicaron las puertas y ventanas de las casas ya vacías y hundieron sus techos y patios para dejarlas inhabitables. Juan, de 22 años, vecino de un barrio próximo al desalojado, martilleaba en la tarde del lunes en una de las muchas viviendas con la entrada forzada. "Sobre todo nos interesa el plomo porque lo pagan a 40 pesetas el kilo, y hay que vivir", explica. "Han venido muchas familias gitanas a por chatarra; a mí me avisó una señora de esta zona", añade. A unos metros, los pocos vecinos que siguen viviendo entre las casas abandonadas están ojo avizor. Temen que los busqueros se conviertan en okupas, con lo que el proceso de demolición de las viejas casas se retrasaría hasta que un juez ordenase su desalojo. Y los solares hacen falta para concluir la remodelación de este barrio construido por la Obra Sindical del Hogar en, los años cincuenta.Además, según la presidenta de la asociación de vecinos, Toñi del Moral, en cuatro casos los buscadores de tesoros domésticos han llegado a entrar en casas habitadas y a llevarse objetos. Esto, asegura Del Moral, ha sucedido en las calles de Megeces, Gomeznarro y Laguna del Duero.

Pero el malestar vecinal no proviene sólo de la llegada de los recolectores de cañerías, sino de tener el viejo barrio convertido en una escombrera. Es como si un obús hubiera arrasado la zona. Los cascotes de los patios derribados en las casas deshabitadas se mezclan con el barro y las tierras removidas. El lugar se presta a los juegos infantiles y existe el temor de que algún escolar del cercano colegio público Rubén Darío sufra un accidente.

Normalmente, en los realojamientos, las casas abandonadas se derriban en cuanto el vecino es trasladado a su nuevo hogar. El gerente del Ivima, Juan José Franch, asegura que en, este caso no se ha hecho así porque el dinero necesario para la demolición no podía extraerse de los presupuestos de 1995 y los de 1996 estuvieron cerrados hasta hace días.

Optaron por trasladar a los vecinos a sus nuevos pisos sin derribar los viejos porque la situación era sangrante: ya llevaban ocho meses esperando con las viviendas adjudicadas terminadas y sin entregar. El compromiso es demoler las casas tapiadas y limpiar la zona antes de dos meses.