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Hacienda investiga el origen de los fondos con que se compró la mayor mina privada

La Unidad Especial de Vigilancia y Represión del Fraude Fiscal en Castilla y León investiga desde hace un año, a petición del Juzgado de Instrucción número 5 de León, la procedencia de 1.000 millones de pesetas que fueron empleadas por el empresario minero Victorino Alonso para afrontar el día 28 de septiembre de 1994 ante Caja España la primera fase de la compra de Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), la mayor empresa minera privada del país. Victorino Alonso se ha declarado insolvente.

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Parte de la investigación, que pretende establecer un presunto delito fiscal, se centra en el rastreo de cuentas bancarias en oficinas de Banesto, BBV y Caja España, en Madrid y León, de las sociedades anónimas Comile, Universal Beximport y Rioscalsa. La Agencia Tributaría y el juzgado insisten en varios escritos enviados a las entidades financieras que expliquen y precisen los movimientos "de todas las cuentas" de las tres sociedades durante 1993 y 1994, "con indicación del significado de las claves utilizadas".En las dos últimas sociedades figura como administrador único Antonio de la Fuente, uno de los testaferros que utiliza el empresario minero, según un informe policial. De la Fuente atestiguaba tras la adjudicación de MSP que desconocía la procedencia de los 1.000 millones de pesetas depositados en cuentas de Comile y Universal Beximport para la operación con Caja España. Alonso figura en Comile como administrador único, según el Registro Mercantil en 1993, fecha de constitución de la sociedad. Según el Registro, Comile está participada por Financial Investment Corporation, en la que Alonso es el administrador único.

En cuentas bancarias de Comile y Universal Beximport fue donde se depositaron en varios ingresos millonarios en moneda extranjera, los 1.000 millones de pesetas que se destinaron a una primera entrega en la compra de MSP. Las mayores partidas fueron ingresadas en el BBV de la madrileña calle Génova, en una sucursal del mismo banco en León y en la oficina principal de Banesto en esa capital. El ordenante de algunos ingresos fue la sociedad Elbeida, de nacionalidad uruguaya -donde Alonso es el administrador único-, de actividad desconocida y accionista de Rioscalsa.

Se da la circunstancia que Comile, Universal Beximport, Rosical, la pignoración de las acciones de NISP y la Gran Corta de Fabero fueron las garantías de la oferta de Alonso a Caja España para que esta entidad le adjudicara el control de la mayor mina privada del país.El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de León, Ireneo García Brugos abrió entonces a petición del fiscal diligencias penales por falsedad en documentos oficiales y mercantiles en la adjudicación de Caja España a Alonso de MSP, pero días más tarde el caso pasó al Juzgado número 5 tras interponer el empresario una querella criminal contra García Brugos (con intereses mineros familiares) por coacciones, prevaricación y chantaje entre otras acusaciones.

. En un reciente careo entre ambos en Burgos, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el empresario mantuvo su insolvencia, dijo desconocer la procedencia de los 1.000 millones de pesetas y su cargo en las sociedades a través de las que se articuló la compra de MSP, y concluyó asegurando que no poseía ni una sola acción en el grupo que lleva su nombre y que muchas de las más de 30 empresas que dice la policía que dirige, "ni siquiera sé que existan", según reflejaba el Diario de León el pasado día 17.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de febrero de 1996

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