Una imagen distorsionada

Decía hace algunos años, desde las páginas de este mismo periódico, que los funcionarios de Instituciones Penitenciarias somos grandes desconocidos para la opinión pública; ahora creo firmemente que no es ya que nuestra imagen sea desconocida, sino que, más bien, se presenta negativamente distorsionada, y que a ello contribuyen decididamente los medios de comunicación social.El triste acontecimiento del secuestro de nuestro compañero José Antonio Ortega Lara ha hecho nuevamente volver la mirada sobre nosotros como colectivo, y en muchas publicaciones escritas, además de hacerse eco de la noticia y de la situación de la familia, se han recogido reportajes sobre los que realizamos nuestra tarea profesional en centros o establecimientos penitenciarios. En aquéllos, y especialmente en el titulado Funcionarios de prisiones (EL PAÍS, 28 de enero), lo que se deja traslucir como perceptible de las prisiones en general y de los funcionarios en particular es ciertamente patético; sentí verdadera pena y amargura al leerlo. Parece que, por llamarlo de alguna manera, sólo el lado oscuro de nuestra profesión se ha hecho patente en un elenco de siniestros relatos y anécdotas brutales -poco más que un anecdotario recoge el reportaje- más propias de un reality show escrito que de un reportaje sobre un colectivo profesional actualmente en el ojo del huracán de la barbarie terrorista.

Frente a todo ello hay que decir claramente que, por supuesto, en las prisiones se contemplan situaciones extremas de violencia y brutalidad y que la sinrazón humana llega a límites inimaginables e insospechados, pero que, desde luego, a muchos, sin caer en sensiblerías baratas, tales vivencias, lejos de embrutecernos, nos hacen reflexionar sobre aspectos hasta entonces desconocidos de la condición humana, sobre los extremos a los que el hombre puede llegar en situaciones límite y sobre la hipocresía de un sistema social que, acallando su conciencia con declaraciones constitucionales rimbombantes, se niega después a aceptar una realidad. que le pertenece y a la que está indisolublemente unido porque porque forma parte de ella.

Pero también hay que decir que en las prisiones se trabaja y que se trabaja bien. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que el colectivo de funcionarios de prisiones, más de 16.000 personas, es de los más preparados humana y profesionalmente y que su quehacer laboral se mueve entre la ejecución del mandato constitucional materializado en la Ley Orgánica General Penitenciaria -la educación y reinserción social de los internos y su retención y custodía- y la dirección y organización de la convivencia diaria entre personas con quienes la sociedad se ha negado a convivir. No parece fácil, ¿verdad?

Así, los funcionarios de prisiones, en un difícil y complicado equilibrio, deben asumir, cualquiera que sea su tarea específica dentro de la organización, papeles ciertamente contradictorios: deben procurar, por mandato constitucional, cada uno desde su puesto y sin que uno sea más importante que otro, la reinserción social de los internos (enseñar a vivir en libertad desde la privación de libertad), deben custodiar a los mismos evitando fugas y evasiones con objeto de que las penas efectivamente se cumplan, deben hacer labores de policía penitenciaria en tareas de prevención, evitación e investigación de hechos delictivos (en prisión, no nos llamemos a engaño, se pueden cometer y se cometen también delitos), deben asesorar a los internos en diferentes aspectos, transmitir sus peticiones y quejas, etcétera; en fin, dentro de esa sociedad a escala reducida que es la cárcel, tienen encomendadas innumerables tareas que en modo alguno se corresponden sólo con la contemplación de salvajadas, el embrutecimiento personal o la perversión del lenguaje.

Por consiguiente, tanto desde dentro como desde fuera, debe procederse a un lavado de imagen y no para falsear la realidad, sino para presentarla tal y como es.

Desde dentro debemos hacer un ejercicio autocrítico. ¿Cómo podemos pretender que se nos considere socialmente si empezamos por no considerarnos nosotros mismos?, ¿cómo podemos pedir comprensión si somos los primeros en no comprendernos?, ¿cómo podemos convencer de la trascendental importancia social de nuestra función si no estamos convencidos de la misma? Dejando de lado el problema del anonimato ante atentados terroristas, debe dejar de darnos vergüenza el decir que somos funcionarios de prisiones y dejar de sonrojarnos reconocer que formamos parte de un colectivo que trabaja dentro de las prisiones y con presos. Debemos, al menos ésa es mi opinión, imbuirnos de la misión que tenemos encomendada con orgullo y con ambición, cada uno desde su puesto, desde su propia responsabilidad. ¿Que es difícil?, por supuesto que es dificil y, además, complicado y peligroso. Si fuese fácil no estaríamos como estamos. ¿Que la Administración no ayuda?, claro que no ayuda, pero debemos exigir que lo haga desde el respeto, la responsabilidad y la asunción inequívoca de la que como colectivo nos corresponde. Dejemos ya de alimentar leyendas negras y de suministrar material que no por cierto y escalofriante deja de ser, a fin de cuentas, meramente episódico en nuestra trayectoria profesional. Con vocación o sin ella, gustándonos o sin gustarnos, ésta es nuestra profesión y debemos luchar por dignificarla al máximo convencidos plenamente desde dentro de su propia dignidad.

Para actuar desde fuera debemos pedir a toda la comunidad, como paso previo para superar la ignorancia hipócrita en que está sumida, que conozca el sistema penitenciario del que ella misma se ha dotado en todos sus aspectos y no sólo en los extremos más morbosos e intrascendentes, ya que sólo conociendo el sistema puede llegar a nuestra comprender la tarea que los funcionarios penitenciarios estamos llamados a desempeñar. En este sentido,el papel de los medios de comunicación está revestido de una importancia manifiesta como transmisores de información y como conformadores de la opinión pública y debemos también pedir que lo asuman con responsabilidad; es triste que sólo se limiten, por tanto, a dar a conocer y a trasmitir la parte menos importante de la realidad carcelaria y que sea ésta, además, la que más daño y más perjuicios puede causar tanto a los internos como a los funcionarios en la cristalización de ciertos estados de opinión.

Eugenio Arribas López es jurista de Instituciones Penitenciarias y director del centro penitenciario de Logroño.