Getafe combate las caninas con una ordenanza de los años setenta

Quizá ellos no lo sepan, pero los perros pueden hacer sus deposiciones a lo largo y ancho de las calles de Getafe (144.600 habitantes) con la más completa impunidad. El Ayuntamiento sólo cuenta para combatir los excrementos caninos con una "ordenanza para la tenencia de perros" de principios de los años setenta que establece sanciones acordes con su época: 500 pesetas por defecación. "Lógicamente, hace años que no se tramita ni una sola multa, por que nos costarían más los sellos", confirmó el técnico de Medio Ambiente José Manuel Baladrón.La anacrónica legislación municipal no se corresponde con la preocupación ciudadana. Las quejas por las cacas de los perros son casi diarias en los teléfonos de Medio Ambiente y provienen en buena parte del Sector III, barrio de chalés adosados donde viven familias con hasta dos y tres mascotas. "Algunas sendas están sencillamente impracticables", relataba una señora en un programa local de radio. "Da hasta angustia pasar por ahí".

De todos modos, Baladrón entiende que la vía sancionadora resulta incluso contraproducente para combatir este problema. "Con eso sólo se fomenta la guerra entre vecinos, la denuncia personalizada", argumenta. Este experto aboga por las campañas de concienciación entre los dueños, un nuevo censo de aninales (el listado actual arroja 6.000 canes, pero la cifra real puede ser muy superior) y mayores inversiones municipales. "De lo contrario sólo nos quedará otra solución, la coreana: comernos los perros como si fueran pollos", ironizó.

Otros municipios

Pese al escepticismo sobre la efectividad de las multas, otras grandes ciudades madrileñas sí cuentan. con una normativa más actualizada y expeditiva para con los, perros. Por ejemplo, la vecina localidad de Leganés (178.000 habitantes) dispone desde septiembre de 1990 de una ordenanza "de policía y buen gobierno" que obliga a, los propietarios del animal- a recoger sus heces bajo multa de 5.000 a 15.000 pesetas.La tasa es muy parecida en la ordenanza "de protección al medio ambiente urbano" vigente en Móstoles (199.000 habitantes) desde mediados de los ochenta. El departamento de Sanidad de esta ciudad se encuentra, precisamente, ultimando una nueva legislación específica sobre deposiciones caninas.

Pero los más severos en este sentido son los gobernantes de Alcalá de Henares (162.000 habitantes). El concejal de Medio Ambiente, Jesús Domínguez (PP), difundió el pasado noviembre un comunicado advirtiendo que los vecinos que no retirasen las inmundicias de sus canes habrían de abonar 50.000 pesetas Alcalá ha habilitado además tres zonas en los parques para que los perros hagan sus necesidades.