El constructor del túnel de Sóller dice que visitó a Cañellas antes de adjudicárselo

El empresario mallorquín Antonio Cuart, implicado en el caso Sóller por un presunto pago de comisiones ilegales al PP a cambio de la concesión de la construcción y explotación del túnel de peaje de esa localidad mallorquina, reconoció ayer que antes de obtener la adjudicación del concurso se entrevistó en su despacho oficial con Gabriel Cañellas, que era presidente del Gobierno balear y del PP. Cañellas, socio financiero en Salinera Española y amigo de Cuart, tuvo que dimitir de sus cargos en julio de 1995 por sus responsabilidades políticas en el asunto.El ejecutivo que presidía Gabriel Cañellas eligió en noviembre de 1988 la oferta de Cuart, contra el criterio de los técnicos que habían puntuado muy bajo su solvencia económica y proyecto, por detrás de otras empresas concursantes. Meses más tarde, en enero de 1989, la policía detectó el desvío de un cheque bancario de la compañía del túnel de 50.millones hacia cuentas del PP y se comprobó cómo con este dinero se pagaron gastos electorales y de proveedores del partido conservador.

Los investigadores calcularon que 140 millones de la empresa del túnel habían sido desviados. De ese dinero, 70 millones se pagaron en un maletín, en billetes de 10. 000 pesetas, a una persona desconocida.

Cuart negó ayer ante el juez haber pagado comisiones al PP y reiteró que las cantidades citadas por la policía las entregó a un socio de Madrid ya fallecido por el pago del proyecto del túnel. El empresario compareció durante noventa minutos ante el juez Juan López Gayá, del Tribunal Superior de Baleares, que instruye el sumario por posible prevaricación y cohecho del Gobierno regional, en base a una denuncia de IU y a las diligencias que recogían el supuesto desvío de fondos, en las que Cuart está acusado de estafa, apropiación indebida y falsedad documental por lo que tuvo que depositar una fianza de responsabilidad civil de 351. millones.

Antes de iniciar la declaración, Cuart entregó una explicación escrita al juez y se sometió al interrogatorio del fiscal Juan Carrau y de la letrada de IU, Maria Duran.