El Gobierno regional destapa un agujero de 18.000 millones en el Ivima
"Debajo de las alfombras de la Comunidad sólo hay suelo" dijo Alberto Ruiz-Gallardón cuando ocupó la presidencia de la Comunidad. Pese a la intención así expresada de no buscar suciedad escondida, los nuevos gestores del PP que ocuparon en agosto pasado los principales despachos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) descubrieron un agujero de 18.000 millones de pesetas. Ahora lo han hecho público en un informe sobre la situación del Ivima que pidió el grupo socialista al Gobierno regional y que ha remitido a la Asamblea de Madrid Luis Eduardo Cortés, consejero de Obras Públicas. Cortés cree que el descubierto se debe, a la "mala gestión del PSOE". Pero aclara: "No queremos dedicar el tiempo al pasado. No sirve de nada. Ya llevamos siete meses gobernando y es asunto nuestro. La situación es grave pero no nos asusta".El informe, que apunta 17 supuestas irregularidades o anomalías, resuelve en un párrafo escaso el problema de la multimillonaria deuda: "A fecha 31 de agosto de 1995 existían facturas pendientes de pago desde primero de año por 18.000 millones de pesetas que no se podían abonar por falta de fondos".
El Instituto de la Vivienda, que tiene un patrimonio de 90.000 viviendas en toda la región, utiliza el dinero en la construcción de viviendas públicas -destinadas a familias con ingresos inferiores a 200.000 pesetas mensuales- y en la conservación de su parque inmobiliario.
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30.000 familias no pagan los alquileres al lvima
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Miguel Palmero, gerente del Ivima durante el mandato socialista, respondió ayer a las deudas descubiertas por el PP: "El agujero del que hablan es tan sólo un problema de gastos e ingresos. Los ingresos siempre llegan más tarde y a veces con problemas. Pero al final del año siempre llega el dinero".
El nuevo gerente del Ivima nombrado por el PP, Juan José Franch, le desmiente: "Había más deudas que dinero disponible", tantas deudas que Franch tuvo que acudir a los bancos para solicitar un préstamo de 10.000 millones con el que tapar una parte del agujero, según confiesa.
La deuda no es el único problema que carga la cartera del nuevo gerente. También le preocupan las obras iniciadas -11.854 viviendas nuevas y 29.364 rehabilitadas- que no cuentan con dinero suficiente, lo que retrasará su terminación. Es algo habitual en las Administraciones Públicas. "Los recursos presupuestarlos se dedican a un programa amplio que se ejecuta en varios años. Las cuentas siempre acaban saliendo", se justifica Palmero. Franch, su sucesor en el cargo, matiza que esos tiempo han acabado: "Nosotros sólo haremos este año las viviendas para las que hay presupuesto". El portavoz socialista de Urbanismo, Juan Antonio Ruiz, tercia en la polémica: "En cualquier presupuesto hay trasvase de crédito de unas partidas a otras. El PP, que gobierna en otras regiones, lo debería saber. Eso no es un inconveniente".
Entrega de llaves
También la entrega de llaves ocasiona roces entre el equipo saliente, del PSOE, y el actual, del PP. El consejero de Obras Públicas asegura que hay 1.899 pisos terminados que no se pueden entregar porque falta algún trámite administrativo. Su gerente del Ivima añade: "Tenemos el caso de cinco viviendas acabadas en mitad: del campo, a las que no llega el agua ni la luz, que no podremos entregar nunca". Y prefiere ocultar dónde se ubican estas cinco casas de la pradera.
El anterior gerente opina que no existen tales problemas y que la entrega de llaves se retrasa por la inexperiencia de los nuevos gestores del PP. El diputado socialista, Juan Antonio Ruiz, apoya esta tesis: "Llevan ya siete meses gobernando pero mantienen empantanadas 800 casas construidas durante la etapa socialista".
Más problemas. El informe señala que existe un 35% de morosidad en el parque inmobiliario público. De los 90.000 inquilinos del Ivima, más de 30.000 no pagan sus alquileres o sus recibos mensuales de compraventa de vivienda. Palmero reduce la morosidad al 25%. El impago, en cualquier caso, es numeroso. El consejero de Obras Públicas elige una solución suave. para este problema: "No se trata de desahuciar a todo el mundo que no pague. Estudiaremos caso por caso y analizaremos la problemática que se esconde detrás de cada familia antes de decidir".
Franch agrega: "Perseguiremos con dureza la picaresca". El gobierno regional también ha apreciado fugas en los archivos. Al menos 4.000 inmuebles (viviendas y locales) "figuran en los registros como vacíos, por lo que no se les emite recibo de alquiler, cuando en realidad están ocupados en su mayor parte". Aquí continúan las discrepancias. Palmero rebaja la cantidad de viviendas sin recibo a 1.000.
También la burocracia es un problema en el Ivima. El PP denuncia que el 70% de las casas construidas desde 1988 carecen de licencia. El nuevo gerente del Ivima ha exigido a las constructoras de los edificios que consigan el documento.
Por último, el consejero de Obras Públicas indica en su informe, que muchos locales de este organismo han sido alquilados a asociaciones de vecinos y sindicatos por 1.000 pesetas al año. "No me parece mal que se cobre esta cantidad si las asociaciones beneficiadas son realmente de utilidad pública".
El resumen que hace el anterior gerente del Ivima sobre el informe elaborado por el Gobierno regional es muy crítico hacia el PP: "Tan sólo hablan de anomalías o disfuncionalidades propias de una administración que ejecuta obras. El PP ha intentado atacar al equipo anterior para tapar su inoperancia actual. No han contratado ni una sola obra".
El diputado socialista Juan Antonio Ruiz ha pedido al PP, a través de una decena de iniciativas parlamentarias, detalles "con nombres y apellidos" sobre las supuestas irregularidades. "Queremos que todo se aclare y, se pongan los medios necesarios para resolver los problemas existentes".
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