El 'plan Juppé' se queda en una simple minirreforma de la Seguridad Social

La conflictiva reforma de la Seguridad Social francesa se puso ayer en marcha. Tras el largo conflicto de diciembre, los ambiciosos planes del primer ministro, Alain Juppé, se han quedado en poca cosa: un nuevo impuesto para sufragar la deuda y un confuso control parlamentario sobre el gasto global. Los otros cambios, desde la unificación de regímenes de jubilación hasta las sanciones a los médicos derrochadores, han sido edulcorados, aplazados o descartados. Juppé paga un precio muy alto por tan poca reforma: ha crispado las relaciones con su propio grupo parlamentario y se ha ganado la animadversión de los principales sindicatos franceses, que convocan nuevas protestas para febrero.

Según un cínico proverbio político francés, todo intento de reforma acaba convirtiéndose simplemente en un nuevo impuesto. En el caso de la reforma de la Seguridad Social, el gravamen del 0,5% sobre prácticamente todos los ingresos fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros y entrará en vigor el 1 de febrero. El llamado Reembolso de la Deuda Social (RDS) es un impuesto nacido con mala estrella: es impopular, como todos, pero además ha sido denunciado como una estafa por diputados conservadores y puede causar un serio embrollo presupuestario.El ex primer ministro Édouard Balladur, gaullista como Juppé, denunció que con el RDS se obligaba a los franceses a "pagar dos veces por la misma deuda". Lo mismo hicieron otros ex ministros como Simone Veil, Nicolas Sarkozy y François Léotard, antiguos compañeros de Juppé en el gobierno de Balladur. Según los balladuristas, la deuda acumulada de la Seguridad Social no ascendía a 230.000 millones de francos (5,5 billones de pesetas) como afirmaba Juppé, sino a la mitad, 120.000 millones. La otra mitad ya había sido cubierta por un aumento de contribuciones aprobado en 1993. "Ni un céntimo de la deuda ha sido reembolsado", respondió Juppé con indignación.

La verdad está del lado de Balladur. El producto del incremento fiscal de 1993 va a parar al Fondo de Solidaridad para la Vejez, y éste debe empezar a pagar al Estado (que asumió la deuda de la Seguridad Social) en 1996, a razón de 12.500 millones de francos anuales. Dado que Juppé ha cubierto el total de la deuda con el RDS, los 12.500 millones anuales reportados por el aumento impositivo de 1993 -creado expresamente para la Seguridad Social- le servirán para reducir el déficit presupuestario. Cosa, por otra parte, muy irregular en términos contables, dado que los presupuestos del sistema asistencial y del Estado son completamente distintos.

La otra medida con la que ayer comenzó la reforma se refiere al control del gasto global de la Seguridad Social por parte del Parlamento. Inicialmente, Juppé anunció que los diputados fijarían cada año un límite a los gastos. Pero el lunes, cuando se conoció el texto de la reforma constitucional necesaria para conceder ese control a la Asamblea Nacional, los diputados comprobaron que no se decía nada sobre los ingresos. Todos los grupos parlamentarios señalaron que no se podía hablar de gastos sin conocer los ingresos y se enfrentaron a Juppé.

Chirac negocia

El propio presidente Jacques Chirac tuvo que negociar con los diputados conservadores y, el martes de madrugada, el primer ministro accedió (contra la opinión de su ministro de Justicia) a que la Asamblea pudiera "conocer" las previsiones de ingresos. Ocurre, sin embargo, que la determinación de las cargas sociales que componen los ingresos de la Seguridad Social corresponde al Gobierno y a los sindicatos, no al Parlamento. El anunciado control parlamentario queda, por tanto, muy confuso, y limitado probablemente a bendecir las previsiones de ingresos que acuerden Gobierno y líderes sindicales.Por el camino han quedado muchos puntos básicos del inicial plan de reforma. Las exenciones fiscales sobre los subsidios por familiares pasivos se mantendrán, contra lo que deseaba Juppé, al menos hasta que una "conferencia sobre la familia" a celebrar en marzo estudie un nuevo sistema para fomentar la natalidad. Los regímenes de jubilación especiales (funcionarios, ferroviarios, etcétera) seguirán vigentes. Los médicos privados no serán sancionados colectivamente cuando carguen demasiadas recetas a la Seguridad Social, sino que las multas se impondrán individualmente. Tampoco se cargará, como se dijo, un franco sobre cada receta.