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Cajamadrid cobra los impuestos locales con problemas

José Manuel Romero

El Ayuntamiento de Madrid, que ingresó en 1995 más de 60.000 millones de pesetas por el cobro en periodo voluntario de sus tres impuestos principales (impuesto de actividades económicas, impuesto de bienes inmuebles e impuesto de vehículos) nunca convocó un concurso para adjudicar a un banco determinado la recaudación de estos impuestos. Prefirió dar libertad a sus contribuyentes.Los madrileños pueden pagar en cualquier banco. Salvo cuando hay problemas entre el administrador y el administrado. Cuando el municipio comunica a un contribuyente la autoliquidación de un impuesto (porque han existido diferentes valoraciones entre quien tiene que pagar y la administración local), el afectado sólo puede saldar su deuda en alguna de las oficinas de Cajamadrid. Esta entidad financiera es gobernada por profesionales y algún político, pero controlada por los dirigentes públicos que mandan en los municipios de la región y en la Comunidad de Madrid.

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Nueve bancos y dos cajas de ahorro se disputan el 'contrato del siglo' de la Comunidad de Madrid

El Partido Popular, que controla la mitad del Consejo de Administración de Cajamadrid, no quiere regalar el contrato del siglo de la Comunidad a Cajamadrid. Adjudicará el servicio de caja para recaudar los tributos regionales a quien más ofrezca, según el criterio de Antonio Beteta, consejero de Hacienda.Criterios de selección

La resolución firmada por Beteta para determinar qué banco planta la sucursal más rentable de Madrid en las dependencias regionales advierte de los criterios que seguirá su departamento para hacer la selección:

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- Implantación territorial en la Comunidad de Madrid.

- Mejora en las condiciones establecidas en las bases del proyecto de convenio.Este último criterio será definitivo. El Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón pretende dar la exclusiva del cobro de los tributos regionales al banco que haga más regalos (en forma de créditos a bajo interés, o programas de ayuda a la construcción de viviendas de protección oficial, etcétera).

El Gobierno regional deberá resolver este contrato antes de marzo y decidir qué edificio utiliza como oficina central para el cobro de los tributos. Convocó un concurso para recibir ofertas inmobiliarias, pero hace unos días lo declaró desierto pues ninguna de las propuestas recibidas respetaba el pliego de condiciones.

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