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Los alcaldes y presidentes de Diputación del PP quieren recortar el poder de las autonomías

Al igual que en el último Congreso del PP, en febrero de 1993, la política autonómica y la manera de entender la Administración única absorbieron ayer el principal debate en comisión en un Congreso más centrado en la precampaña electoral que en la discusión. La cuestión autonómica es un tema vital para el centro-derecha español, de tradición centralista. La mayoría de las 28 enmiendas al texto de la ponencia, elaborado por el equipo de Mariano Rajoy, pretende recortar el poder de las comunidades autónomas a favor de las diputaciones provinciales y municipios. Rajoy ha dado el visto bueno a numerosas de ellas, con lo que el texto final del PP propondrá el regreso a las diputaciones y municipios de determinadas competencias.

El centro-derecha asume el modelo autonómico, pero con mayor acento provincial y municipalEl PP ha asumido el modelo autonómico surgido del Título VIII de la Constitución, tal y como lo marca la ponencia de este Congreso. En el anterior, celebrado en febrero de 1993, aún quedaban resabios del pasado. El duro debate entre el eurodiputado Fernando Suárez y Mariano Rajoy fue altamente expresivo de la situación. Suárez se opuso frontalmente al Estado de las autonomías y llegó a airear el riesgo de quiebra de la "unidad de España". Rajoy ganó la batalla por abrumadora mayoría de votos.El paso que el PP trata de consagrar en este Congreso es doble: cerrar el modelo autonómico en dos legislaturas y abrir un proceso de descentralización de las comunidades autónomas a los ayuntamientos.

El cierre del modelo autonómico conlleva un proceso para equiparar las competencias de las autonomías del artículo 1431 de via lenta, y las del 151, de vía rápida, esto es, la superación de las "dos velocidades", como señala el texto redactado, entre otros, por Jorge Fernández, un político de raíz centrista. Quedarán a salvo del proceso de uniformidad los hechos diferenciales, como los conciertos económicos del País Vasco y Navarra o las cuestiones derivadas de la lengua, insularidad y cultura.

La mayoría de las enmiendas, inspiradas por diputaciones y ayuntamientos, insisten en el segundo aspecto, la descentralización a su favor desde las autonomías, esto es, el pacto local. La cuestión del reparto de poder entre comunidades y municipios late en este debate en un partido que gobierna en 10 de las 17 comunidades, así como en la mayoría de los grandes municipios.

De este Congreso, los presidentes de comunidades autónomas saldrán, sobre el papel, con menos poder. El Congreso va a aceptar también una enmienda, que es un intento de cooperación entre los presidentes autonómicos: la institución de la conferencia de presidentes de autonomías. El Congreso aprobará una enmienda que impide la multiplicación de delegaciones provinciales de las consejerías autonómicas y, por último, reivindica la corresponsabilidad fiscal de las autonomías por la vía iniciada con la cesión del IRPF.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de enero de 1996