El Juez Garcia-Castellón rechaza rebajar las fianzas de Conde y Romaní

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha rechazado la petición de los abogados defensores del ex presidente de Banesto, Mario Conde, de rebajar la fianza de 2.000 millones de pesetas que tuvo que depositar para su puesta en libertad provisional, según fuentes jurídicas. Esas fuentes señalaron que el juez ha aceptado las tesis del fiscal contenidas en el escrito de alegaciones al recurso de Mario Conde.En concreto, el fiscal de la Audiencia Nacional adscrito al caso Banesto, Florentino Ortí, solicitó ayer al juez García-Castellón que deniegue la petición de Mario Conde y del ex vicepresiente de Banesto, Arturo Romaní, de que se rebajen las fianzas de 2.000 y 1.000 millones de pesetas, respectivamente, para que pudieran abandonar la cárcel de Alcalá-Meco.

Conde y Romaní el pasado mes de diciembre la anulación, reducción o sustitución de la fianza de 3.000 millones que, les fue impuesta a los dos ex banqueros el pasado 30 de enero. Los abogados de los dos ex banqueros, acompañaron su petición de un escrito de Bankinter en el que esta entidad bancaria, que concedió el aval por las citadas cantidades para afrontar las fianzas, les exige ahora regularizar la operación aplicando tipos de interés más. en la línea de mercado.

En su escrito, el representante del Ministerio Fiscal indica que, a su juicio, no queda justificado el cambio de la medida cautelar impuesta para obtener la libertad provisional. Añade que, por el contrario, en este momento existen indicios de las conductas delictivas que se imputan a Mario Conde y a Arturo Romaní.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado dejar en suspenso, hasta dictar una resolución, definitiva, la multa impuesta por el Ministerio de Economía a la firma Price Waterhouse por la auditoría que realizó de Banesto en el ejercicio de 1992. Un portavoz de Price Waterhouse confirmó la suspensión de esta multa que el Ministerio de Economía había ratificado recientemente tras desestimar un recurso de alzada presentado por la firma auditora contra las multas propuestas por el Instituto, de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Tras la decisión de Economía, Príce Waterhouse presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia que ahora ha decidido dejar en suspenso la sanción en espera de dictar su resolución. El ICAC impuso una multa del 3% de su facturación.